El Consejo de la Magistratura intervino el juzgado de El Torno que ordenó suspender la difusión de una encuesta preelectoral en Santa Cruz. La actuación se realizó el lunes, tras la polémica decisión judicial en plena recta final del balotaje departamental.
Según un pronunciamiento institucional, la medida busca verificar la legalidad de la actuación del juez que admitió una acción popular para frenar la publicación del estudio de intención de voto. La decisión generó rechazo de autoridades electorales y sectores políticos por posible vulneración a la libertad de expresión.
Intervención al juzgado de El Torno
La Unidad de Transparencia y la Dirección Nacional de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura lideran la intervención. El objetivo es evaluar la regularidad de la actuación funcional del juzgado.
De acuerdo con el reporte oficial, funcionarios de la Magistratura se trasladaron al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 1° de El Torno. Allí revisaron el cuaderno procesal y verificaron el cumplimiento de plazos.
Revisión de la acción popular
Los equipos técnicos analizaron la documentación vinculada a la acción popular que derivó en la orden judicial. Además, interrogaron a funcionarios del juzgado para reconstruir el procedimiento.
Según el informe, la actividad se enfocó en determinar si las actuaciones judiciales se ajustaron a la normativa vigente y a los principios de imparcialidad.
La orden judicial que desató la polémica
El domingo 12 de abril, el juez Diego Campero García dispuso la “suspensión inmediata” de la difusión de encuestas electorales. La medida abarcaba antes, durante y después de un eventual debate entre los candidatos Juan Pablo Velasco y Otto Ritter.
El juez argumentó que la restricción buscaba proteger el derecho ciudadano a elegir libremente. Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos por su impacto en el acceso a la información.
La acción fue presentada por María Aramayo Quinteros contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila. La demandante sostuvo que las encuestas podrían “confundir a la población” y provocar un “mal mayor” en el proceso electoral.
Rechazo del TSE y actores políticos
El Tribunal Supremo Electoral rechazó la decisión judicial. También lo hicieron el medio que planeaba difundir la encuesta y diversos actores políticos y cívicos de Santa Cruz.
Las críticas apuntan a una posible vulneración de derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el acceso a la información. Según declaraciones públicas, estas restricciones podrían afectar la transparencia del proceso electoral.
Contexto: acuerdo interinstitucional y balotaje
El decano del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista Espinoza, impulsó la intervención en el marco de un acuerdo interinstitucional firmado el 15 de enero. Este convenio involucra al Órgano Judicial y al TSE, entre otras entidades.
El acuerdo establece el respeto a las competencias constitucionales y prohíbe la injerencia en asuntos estrictamente electorales. Según el pronunciamiento, la intervención busca preservar la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
La controversia ocurre a pocos días del balotaje del 19 de abril. En esa jornada, los departamentos de Santa Cruz, Oruro, Tarija, Chuquisaca y Beni elegirán a sus gobernadores.




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