El Gobierno nacional dispuso el envío de una comisión de alto nivel a Rurrenabaque para instalar un diálogo con la marcha campesina e indígena que rechaza la Ley 1720. La medida fue anunciada por el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, en conferencia de prensa.
La movilización partió desde Pando rumbo a La Paz con demandas vinculadas a la norma que regula la conversión de la pequeña propiedad a mediana. Según la autoridad, el objetivo del Ejecutivo es aclarar los alcances de la ley y generar un espacio de diálogo constructivo.
Comisión oficial busca diálogo en Rurrenabaque
La delegación gubernamental estará encabezada por los viceministros de Tierras, Desarrollo Agropecuario y Seguridad Ciudadana. También participará el director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Hernán Pereira, junto a un equipo técnico especializado.
De acuerdo con Justiniano, la comisión brindará información precisa sobre el contenido de la Ley 1720. El Gobierno apunta a reducir la desinformación y atender directamente las preocupaciones de los sectores movilizados.
Integrantes de la delegación
El equipo estará conformado por:
- Hormando Vaca Díez, viceministro de Tierras
- Karel Rivero, viceministro de Desarrollo Agropecuario
- Rolando Montaño, viceministro de Seguridad Ciudadana
- Hernán Pereira, director del INRA
Alcances de la Ley 1720, según el Gobierno
El ministro Justiniano aseguró que la normativa busca ampliar las oportunidades económicas para pequeños productores. Enfatizó que la ley no afecta a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), una preocupación central de los sectores indígenas.
“La ley aplica única y exclusivamente a la pequeña propiedad privada”, afirmó la autoridad. Además, sostuvo que la norma protege la propiedad comunitaria en todo momento.
Conversión voluntaria y acceso a financiamiento
El Gobierno aclaró que la conversión de pequeña a mediana propiedad no es obligatoria. Según Justiniano, el propietario decide de manera autónoma si desea acogerse a este mecanismo.
La ley también permite el acceso al sistema financiero formal. Las tasas de interés, según datos oficiales, oscilan entre el 6% y el 9%. En contraste, muchos productores actualmente recurren a créditos informales con tasas de entre el 18% y el 28%.
Esta diferencia, indicó el ministro, limita el crecimiento productivo y la sostenibilidad de sectores como la agricultura, la lechería y la producción de hortalizas.
Gobierno ratifica apertura al diálogo
El Ejecutivo reiteró su disposición a dialogar con pueblos indígenas y organizaciones sociales. Según Justiniano, estos sectores no están alcanzados por la Ley 1720.
Además, el Gobierno anunció que serán convocados a participar en la etapa de reglamentación. El objetivo, explicó, es garantizar el respeto pleno a sus derechos territoriales.
La instalación del diálogo en Rurrenabaque se perfila como un paso clave para reducir tensiones en torno a la normativa y atender las demandas de la movilización.




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