El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que no habrá segunda vuelta en la elección para la Gobernación de La Paz, tras aceptar la declinación de la sigla Nueva Generación Patriótica (NGP). Además, el presidente del organismo, Gustavo Ávila, defendió que la decisión se basa en el cumplimiento de una norma vigente desde 2014.
En este contexto, la determinación surge en medio de la controversia impulsada por el candidato René Yahuasi, quien denunció la vulneración de sus derechos políticos. No obstante, el TSE sostiene que el caso es de carácter interno y no altera el marco legal electoral.
TSE defiende legalidad y descarta motivación política
El presidente del TSE, Gustavo Ávila, afirmó este lunes que la institución actuó conforme a la ley al aceptar el retiro de la organización política NGP antes de una eventual segunda vuelta.
Según explicó, en entrevista con Unitel, la normativa electoral vigente desde 2014 permite a las organizaciones políticas declinar su participación antes del balotaje. “El Tribunal en todo momento va a cumplir la ley”, sostuvo. Por ello, remarcó que la decisión no responde a intereses políticos.
Asimismo, Ávila enfatizó que el accionar del órgano electoral se enmarca en un criterio estrictamente jurídico e institucional, descartando cualquier interpretación discrecional.
Riesgo legal para vocales del TSE
El titular del TSE advirtió que rechazar la solicitud de retiro habría expuesto a los vocales a procesos legales por incumplimiento de deberes. En consecuencia, esta posibilidad refuerza la postura institucional de apego a la normativa vigente.
De hecho, insistió en que el caso no admite interpretaciones alternativas, ya que la ley establece claramente la posibilidad de declinación en esta etapa del proceso.
Caso Yahuasi: una controversia interna
Ávila calificó el conflicto entre René Yahuasi y la sigla NGP como una disputa interna. En ese sentido, aseguró que ninguna institución del Estado tiene competencia para intervenir en ese tipo de controversias.
“El tema es netamente legal e institucional”, reiteró. Por otro lado, señaló que se intenta posicionar el caso como un conflicto político, cuando —según su criterio— no lo es.
Así, este enfoque delimita el rol del TSE como un ente técnico. Además, la autoridad remarcó que el organismo no puede intervenir en decisiones internas de las organizaciones políticas.
Recurso ante la CIDH y respuesta del TSE
Paralelamente, el senador Wilder Veliz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En concreto, solicitó medidas cautelares para garantizar la realización de la segunda vuelta.
Veliz argumentó que la decisión del TSE afecta el derecho de más de dos millones de electores a elegir a su gobernador. Sin embargo, Ávila restó preocupación a esta acción.
Al respecto, el presidente del TSE afirmó que el organismo está abierto a la fiscalización internacional. “La ley es clara y está vigente desde 2014”, señaló. Por lo tanto, respaldó el derecho de recurrir a instancias externas.
Antecedentes de retiros electorales en Bolivia
Ávila recordó que no es la primera vez que ocurre una situación similar. Por ejemplo, citó procesos electorales en 2020 y 2025, donde organizaciones políticas retiraron sus candidaturas incluso una semana antes de los comicios.
En consecuencia, estos precedentes confirman que la normativa actual permite este tipo de decisiones sin impedimento legal. En definitiva, el TSE sostiene que el caso Yahuasi no constituye una excepción dentro del sistema electoral boliviano.





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