
El Gobierno anunció este lunes la anulación de 161 decretos supremos que permitían contrataciones directas en el Estado, una práctica aplicada durante los últimos 20 años de gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS). Con esta medida, el Ejecutivo busca transparentar el uso de recursos públicos y establecer procesos obligatorios de licitación.
Además, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que la decisión incluye una auditoría integral de las acciones ejecutadas bajo estos decretos. De este modo, se pretende identificar responsabilidades y corregir irregularidades detectadas en distintas áreas.
Anulación de decretos y fin de la contratación directa
El Ejecutivo determinó eliminar los mecanismos legales que facilitaban la adjudicación directa de contratos sin licitación pública. Según la autoridad, estos instrumentos permitían direccionar recursos de manera discrecional.
En ese contexto, de los 161 decretos anulados, 105 no tenían monto definido. Por lo tanto, podían aplicarse en cualquier momento para asignar contratos sin control previo. En consecuencia, el Gobierno considera que este esquema favoreció prácticas opacas en la administración estatal.
Lupo señaló que la decisión marca un “punto de quiebre” en la gestión pública. En adelante, el objetivo es sustituir un sistema discrecional por uno basado en reglas claras y control institucional.
Obras inconclusas y recursos cuestionados
El informe oficial identificó múltiples proyectos con problemas de ejecución. Por ejemplo, varios hospitales no entraron en funcionamiento, pese a millonarias inversiones.
En particular, tres unidades de radioterapia en Cochabamba, Chuquisaca y Potosí registran avances de apenas el 14% y carecen de equipamiento médico. Como resultado, pacientes quedaron sin acceso a tratamientos oncológicos.
Asimismo, se reportaron infraestructuras abandonadas. El aeropuerto de San Ignacio de Velasco implicó una inversión cercana a 200 millones de bolivianos; sin embargo, no opera con vuelos comerciales y presenta deterioro.
Del mismo modo, el museo de Orinoca demandó 47 millones de bolivianos y actualmente no cumple una función activa.
Contrataciones bajo observación
El Gobierno expuso ejemplos de adquisiciones realizadas sin licitación pública. Entre ellas, destaca la compra de 702 ambulancias por 64 millones de dólares.
Igualmente, se señalaron contrataciones vinculadas a eventos como los Juegos Odesur, además de proyectos de infraestructura hospitalaria inconclusa que suman 4.400 millones de bolivianos.
Por otra parte, otros casos incluyen:
- Aeropuerto de Alcantarí: 382 millones de bolivianos.
- Aeropuerto de San Ignacio de Velasco: 215 millones.
- Programas de semillas de papa y laboratorios: 126 millones.
- Eventos con organizaciones sociales: 29 millones.
En todos estos casos, según el reporte, los procesos se ejecutaron mediante decretos y sin mecanismos competitivos de contratación.
Auditoría y responsabilidades
El Ejecutivo anunció una revisión completa de los actos administrativos vinculados a estos decretos. En consecuencia, la auditoría buscará establecer responsabilidades individuales y determinar posibles acciones legales.
“El objetivo es que haya responsables y procesos”, afirmó Lupo. No obstante, aclaró que la medida no responde a una persecución política, sino a la necesidad de rendición de cuentas.
Impacto en la gestión pública
El Gobierno sostiene que la eliminación de estos decretos permitirá mejorar la eficiencia del gasto público. Al mismo tiempo, apunta a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones estatales.
En efecto, cada obra inconclusa o proyecto abandonado representa una pérdida directa para la población. Por ello, se plantea fortalecer el control y garantizar resultados concretos.
Finalmente, el Ejecutivo remarcó que los recursos públicos deben administrarse con transparencia. Así, la medida forma parte de una estrategia para consolidar un Estado más eficiente, fiscalizable y orientado al servicio ciudadano.




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