
El Gobierno nacional modificará los incentivos al sector hidrocarburífero cuando el precio del barril de petróleo destinado al mercado interno supere los $us 27,11, según establece el Decreto Supremo 5599 recientemente publicado en la Gaceta Oficial.
La medida redefine el uso de ese umbral, que anteriormente servía para suspender incentivos en contextos de precios bajos. Ahora, el Ejecutivo plantea una readaptación de incentivos alineada con la política estatal en hidrocarburos.
Nuevo enfoque para los incentivos petroleros
El Decreto Supremo 5599 introduce cambios al Decreto Supremo 2830, vigente desde julio de 2016. Esta última norma reglamenta la Ley 767, orientada a promover la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos.
Según el nuevo texto normativo, el ajuste se activará cuando el precio del petróleo crudo para el mercado interno supere los $us 27,11 por barril. En ese escenario, el Estado aplicará modificaciones a los incentivos establecidos en varios parágrafos del decreto original.
La disposición señala de forma expresa: cuando el precio exceda ese nivel, se ajustarán los incentivos definidos en los parágrafos IV, V, VI y IX del artículo correspondiente.
Cambio clave respecto a la normativa anterior
En el esquema anterior, el mismo umbral de $us 27,11 se utilizaba como referencia para suspender incentivos cuando el precio internacional caía por debajo de ese nivel.
Con la nueva normativa, el criterio se invierte. El precio ya no funciona como límite inferior, sino como un punto de activación para recalibrar incentivos cuando el mercado muestra señales de recuperación o estabilidad.
Este cambio refleja una estrategia más flexible en la gestión de incentivos, adaptada a las condiciones del mercado interno.
Rol del Ministerio de Hidrocarburos
El Decreto Supremo 5599 establece que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías será la instancia encargada de definir los ajustes mediante resolución ministerial.
Esto implica que, aunque el decreto fija el umbral, la implementación concreta dependerá de decisiones administrativas posteriores, que precisarán los alcances y características de los nuevos incentivos.
Objetivo: alinear incentivos con la política energética
De acuerdo con la norma, el propósito central es adecuar los incentivos a la política estatal en hidrocarburos. Esto busca mantener condiciones atractivas para la inversión, sin perder control sobre los recursos estratégicos.
El ajuste responde a la necesidad de equilibrar el estímulo a la producción con la sostenibilidad fiscal y energética del país.





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