La Coordinadora de la Mujer identificó 665 menciones de ataques sistemáticos contra 17 candidatas que participan en el actual proceso electoral rumbo a alcaldías y gobernaciones en Bolivia. La mayoría de estas agresiones ocurre en plataformas digitales, según un monitoreo del Observatorio de Género.
El informe preliminar, presentado por la coordinadora de la organización, Tania Sánchez, advierte que las campañas de descalificación se centran principalmente en estereotipos de género, sexualización y cuestionamientos a la capacidad política de las mujeres que compiten en las elecciones de 2026.
Monitoreo del Observatorio de Género sobre violencia política digital
El Observatorio de Género elaboró el análisis como parte de su seguimiento permanente a la violencia y el acoso político contra mujeres en la vida pública.
Sánchez explicó que el monitoreo detectó patrones reiterados de hostigamiento en redes sociales dirigidos contra candidatas de distintos partidos y regiones del país. Entre los casos mencionados aparecen Angélica Sosa, Ana Lucía Reis y Luisa Nayar.
El reporte indica que los agresores publican mensajes que repiten estereotipos de género para desacreditar la participación política de las candidatas.
Patrones de ataques: sexualización y cuestionamiento de capacidades
El informe identifica varios mecanismos recurrentes de violencia digital que buscan deslegitimar a mujeres en política.
Uno de los patrones más frecuentes es la sexualización de las candidatas. Según Sánchez, muchos mensajes se enfocan en su apariencia física o en su forma de vestir, en lugar de discutir propuestas o gestión pública.
“Se cuestiona cómo se ven, si se visten o no se visten, si se maquillan o no, o se afirma que solo sirven para eso”, explicó.
Deslegitimación basada en roles tradicionales
El análisis también detectó mensajes que cuestionan las capacidades políticas de las candidatas por el hecho de ser mujeres. En muchos casos, los comentarios intentan relegarlas a roles tradicionales.
Algunos mensajes incluso sugieren que deberían dedicarse únicamente a tareas domésticas. El monitoreo también registró burlas y ridiculización en redes sociales dirigidas a candidatas durante la campaña.
Renuncia de candidata tras denunciar acoso político
La coordinadora citó el caso de Luciana Campero, quien denunció públicamente el acoso político que enfrentaba durante la campaña electoral.
Posteriormente, Campero anunció su renuncia a la candidatura a la Alcaldía de Tarija debido a la presión generada por los ataques sistemáticos en redes sociales.
Para Sánchez, este tipo de situaciones refleja las dificultades que enfrentan muchas mujeres cuando participan en procesos democráticos.
Leyes vigentes contra el acoso político
La organización recordó que Bolivia cuenta con normas destinadas a sancionar estas conductas.
Entre ellas figura la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, además de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, que establecen mecanismos de denuncia y sanciones.
Asimismo, los reglamentos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) incluyen sanciones para partidos políticos que promueven o toleran actos de violencia política. Estas normas también permiten investigar discursos de odio y misoginia en el ámbito digital.
Violencia política también afecta a autoridades en ejercicio
El monitoreo también identificó ataques dirigidos a mujeres que actualmente ocupan cargos públicos.
Entre los casos mencionados figuran la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y la exviceministra Andrea Barrientos, quienes también enfrentaron cuestionamientos en redes sociales por su presencia en la política.
La Coordinadora de la Mujer advirtió que persiste un trato desigual hacia las mujeres en el ámbito político. A diferencia de los hombres, muchos usuarios evalúan a las candidatas por su apariencia física, su origen étnico o características personales.
Según la organización, el monitoreo muestra la necesidad de reforzar la aplicación de las normas contra la violencia política y garantizar condiciones equitativas para la participación de las mujeres en los procesos electorales.
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