El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, cuestionó este viernes la decisión del Gobierno tras la inasistencia del ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, a su interpelación en el pleno legislativo.
La sesión fue convocada para tratar el presunto sobreprecio en la importación de combustibles por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Sin embargo, la autoridad no acudió y el Ejecutivo devolvió el trámite alegando fallas en el procedimiento legislativo.
Interpelación por sobreprecio en combustibles
La ALP programó la interpelación contra Medinaceli por el supuesto sobreprecio en la adquisición de crudo. El objetivo era que la autoridad explique las denuncias vinculadas a la compra de combustibles.
En la agenda también figuraba un fallo constitucional que suspende el carácter vinculante de la interpelación como posible sanción. Pese a ello, la sesión se instaló para tratar el tema.
Lara: “Es un ejercicio de fiscalización”
Ante la ausencia del ministro, Lara afirmó que la interpelación no debe interpretarse como un ataque político. Según declaró en el pleno, se trata de un mecanismo de fiscalización en defensa del interés nacional.
“La responsabilidad es con el pueblo”, sostuvo. Agregó que cada boliviano tiene derecho a conocer cómo se administran los recursos estratégicos del Estado, en especial en el sector hidrocarburos.
Lara también convocó a las bancadas a mantener la independencia del Órgano Legislativo.
Gobierno devuelve el trámite por “falta de procedimiento”
El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, explicó que el Ejecutivo decidió devolver el legajo de la interpelación. La medida también alcanza a otro trámite relacionado con la gasolina desestabilizada.
Según Santamaría, no se cumplieron los pasos establecidos en el reglamento de la ALP. Precisó que primero deben agotarse las peticiones de informe escrito y luego oral antes de activar una interpelación.
En una nota enviada al Legislativo, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, argumentó que el Gobierno realizó un análisis jurídico. Indicó que se evaluó el debido proceso administrativo y el respeto a las disposiciones reglamentarias, en resguardo de la seguridad jurídica e institucionalidad.
“Por lo tanto, procedemos a su devolución”, señala el documento.
Santamaría aseguró que el Gobierno respeta la Constitución y no evade su responsabilidad de transparentar información. Añadió que el ministro Medinaceli no se encuentra enfermo y que acompaña al presidente del Estado en la presentación de proyectos junto al titular de la CAF.
Hasta la fecha, ni Medinaceli ni YPFB han precisado el volumen de gasolina desestabilizada que se comercializó en el país.
En un inicio, la estatal petrolera indicó que el problema era focalizado. No obstante, surgieron quejas a escala nacional.
YPFB anunció que lanzaría el 24 de febrero una aplicación para el resarcimiento de daños. Sin embargo, hasta este viernes no existe un pronunciamiento oficial sobre la fecha de inicio del proceso.
Las autoridades presentaron el mecanismo a sectores del transporte el miércoles 25. Aún no hay comunicación pública sobre su implementación.
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