El presidente interino José Jerí promulgó la norma tras recibir facultades legislativas del Congreso. En ese sentido, la disposición forma parte de un paquete orientado a reforzar la seguridad ciudadana.
Según el Ejecutivo, la filtración de datos sensibles puede afectar investigaciones en curso. Por ello, se establecieron sanciones específicas.
¿Cuál es el objetivo de la norma?
La nueva figura penal busca proteger diligencias fiscales y policiales. Además, apunta a evitar que información sensible llegue a organizaciones criminales.
En particular, la regulación se enfoca en casos de extorsión, secuestro y sicariato. De esta manera, el Gobierno pretende reducir riesgos en investigaciones complejas.
Periodistas quedan excluidos del delito
Sin embargo, la norma precisa que periodistas y medios de comunicación no cometen delito cuando difunden información en ejercicio de la libertad de prensa.
Asimismo, el texto establece que la difusión periodística no constituye participación delictiva. Con ello, se busca garantizar el derecho a la información.
Además, quedará exento de responsabilidad el funcionario que revele datos con la finalidad de alertar sobre hechos que razonablemente puedan constituir un delito de persecución pública.
¿A quién se aplica el delito de revelación de información reservada?
La sanción se dirige exclusivamente a funcionarios o servidores públicos. Es decir, solo responde penalmente quien tenga acceso a información sensible por razón de su cargo.
Entre las conductas sancionadas se encuentra la difusión del contenido de denuncias, la identidad del denunciante protegida por ley y diligencias reservadas antes de su ejecución.
En consecuencia, quien incurra en este delito enfrentará una pena de cinco a siete años de prisión. Además, se contempla inhabilitación y una multa de entre 180 y 368 días.
Agravantes y aumento de penas
Cuando la revelación genere consecuencias graves, la pena será mayor. En esos casos, puede llegar hasta diez años de prisión.
Por ejemplo, la sanción aumenta si se pone en riesgo una diligencia fiscal o policial. También se agrava si se expone la vida o seguridad del denunciante protegido.
Del mismo modo, se considera agravante vender la información para obtener beneficio económico. Finalmente, la pena se incrementa si los datos se entregan a una organización criminal o si fueron declarados formalmente secretos.
Parte de un paquete legislativo contra la inseguridad
El Decreto Legislativo 1739 integra un conjunto de normas emitidas entre el 7 y el 14 de febrero de 2026. Estas disposiciones fueron aprobadas tras la delegación de facultades al Ejecutivo mediante la Ley 32527.
Además, el paquete incluye nuevas figuras penales vinculadas a la extorsión, restricciones en centros penitenciarios y cambios en el registro de líneas móviles. Por tanto, la estrategia apunta a fortalecer la lucha contra el crimen organizado.





Sé el primero en dejar un comentario