El Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) presentó una investigación regional que evidencia un aumento sostenido y el uso indiscriminado de plaguicidas altamente peligrosos (PAP) en países de la Comunidad Andina (CAN) y el Mercosur. El estudio fue difundido el 12 de diciembre de 2025, en Santa Cruz de la Sierra, durante el conversatorio “Agroquímicos, Cambio Climático y Marcos Regulatorios en Sudamérica”.
La publicación analiza la situación en Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú, y advierte sobre debilidades regulatorias, altos niveles de consumo y riesgos crecientes para la salud pública, los sistemas alimentarios y los ecosistemas.
Investigación regional sobre plaguicidas agrícolas
El documento titulado “Plaguicidas químicos de uso agrícola en países y territorios de la Comunidad Andina y el Mercosur” fue elaborado entre octubre de 2024 y junio de 2025. La investigación contó con el apoyo de Brot für die Welt (Pan para el Mundo), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), CCFD–Terre Solidaire y Humundi.
Según el IPDRS, el estudio busca comparar el grado de implementación y cumplimiento de las normativas sobre plaguicidas químicos en la región, así como analizar sus efectos en la población, los sistemas alimentarios y la salud socioambiental.
Incremento de plaguicidas altamente peligrosos
Uno de los principales hallazgos señala que, pese a la existencia de acuerdos y normas regionales en la CAN y el Mercosur, en la última década se ha incrementado la importación y el uso de plaguicidas prohibidos. En algunos países, esta cantidad incluso se habría triplicado.
El informe advierte que estos productos no solo son utilizados por la agroindustria a gran escala, sino también por medianos y pequeños productores campesinos, e incluso por algunas comunidades indígenas, lo que amplía su impacto social y ambiental.
Datos clave por país
La investigación detalla la cantidad de plaguicidas altamente peligrosos registrados o disponibles en cada país analizado: Argentina encabeza la lista con 126 PAP, seguida de Bolivia con 87, Paraguay con 86, Perú con 81 y Colombia con 79.
Estos datos reflejan, según el documento, un alto riesgo potencial para la salud pública y los ecosistemas agrícolas debido a la presencia de sustancias químicas de elevada toxicidad.
Bolivia: alto consumo y mercado ilegal
En el caso boliviano, el estudio destaca que durante 2023 se utilizaron aproximadamente 63.000 toneladas métricas de plaguicidas agrícolas, incluyendo PAP y otros productos. Esta cifra muestra una fuerte dependencia de los agroquímicos en el modelo productivo nacional.
Además, se estima que entre el 14 % y el 35 % de los plaguicidas utilizados en el país serían ilegales, ya sea por contrabando, falsificación o por carecer de registro sanitario y fitosanitario ante el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG).
Efectos socioambientales identificados
El documento identifica impactos multidimensionales asociados al uso de estos químicos. Entre ellos se mencionan residuos tóxicos en los alimentos, afectaciones a la salud de trabajadores agrícolas y aplicadores, daños a cultivos y comunidades expuestas a fumigaciones, y presión sobre la producción agroecológica de pequeña escala.
Asimismo, se reportan impactos severos en los ecosistemas, como la muerte masiva de insectos y microfauna, especialmente abejas, consideradas claves para la biodiversidad y la seguridad alimentaria.
Cooperación regional y transición agroecológica
El equipo de coordinación, integrado por Paula Aldana Lucero, Lorenzo Soliz Tito y Oscar Bazoberry Chali, junto con los autores del estudio, orienta los resultados a fortalecer la cooperación regional y la formulación de políticas públicas basadas en justicia ambiental y salud colectiva.
La investigación plantea la necesidad de reducir la dependencia de paquetes tecnológicos basados en plaguicidas altamente peligrosos y avanzar hacia una transición agroecológica que promueva una agricultura más segura, saludable y sostenible en Sudamérica.
Sobre el autor
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