El Gobierno estima que Bolivia cerrará 2025 con cerca de 40.000 hectáreas de cultivos de coca, casi el doble del límite legal vigente de 22.000. La proyección fue anunciada este martes por el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, tras conocerse el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que reporta un crecimiento sostenido de estos cultivos en el país.
La estimación oficial se produce en un contexto de baja erradicación durante la gestión actual y de cuestionamientos al marco legal que regula la producción de coca destinada al consumo tradicional.
Proyección oficial para el cierre de 2025
Según explicó Justiniano, hasta 2024 los cultivos de coca alcanzaron aproximadamente 34.000 hectáreas, y la tendencia apunta a un nuevo incremento en el próximo reporte. “Probablemente en el informe de 2025 vamos a tener casi 40.000 hectáreas, porque este año se ha erradicado muy poco, apenas 1.700 hectáreas”, señaló la autoridad en contacto con la prensa.
El informe correspondiente a la gestión 2025 será presentado oficialmente en junio de 2026, de acuerdo con el cronograma de monitoreo internacional.
Datos de la Unodc confirman el aumento
Un día antes de las declaraciones del viceministro, la Unodc publicó su informe de monitoreo de cultivos de coca, en el que se registró un incremento del 10% durante 2024. El reporte establece que Bolivia cuenta actualmente con unas 34.000 hectáreas sembradas, superando de forma sostenida el límite legal.
Estas cifras refuerzan la preocupación del Ejecutivo sobre el desborde de los cultivos más allá de los usos tradicionales permitidos por la normativa vigente.
Límite legal y cuestionamientos al modelo actual
Justiniano recordó que la ley establece un máximo de 22.000 hectáreas de coca, bajo el esquema de un cato por familia productora. Sin embargo, aseguró que este límite no se cumple en la práctica. “Esas 22 mil hectáreas se han convertido en hasta cinco o seis catos por familia y sólo un 30% de las familias está cumpliendo lo estipulado”, afirmó.
El viceministro sostuvo que los cultivos crecieron amparados en un marco legal aprobado por gobiernos anteriores, pese a que estudios de mercado no justificaban ese volumen de producción.
Revisión de estudios y apoyo internacional
La autoridad señaló que en 2016 un estudio determinó que 14.700 hectáreas eran suficientes para cubrir el consumo tradicional interno, cifra que posteriormente fue elevada a 22.000 hectáreas. Según el Gobierno actual, este aumento no tuvo un sustento técnico adecuado.
En ese marco, informó que Bolivia solicitó apoyo a Naciones Unidas y a la Unión Europea para elaborar un nuevo estudio que defina con precisión la demanda legal de coca. El objetivo es establecer parámetros normativos acordes a las necesidades reales del país.
Erradicación como eje de la política antidroga
Justiniano cuestionó que en años anteriores la política antidroga se haya concentrado principalmente en la interdicción, dejando de lado el control de los cultivos. “La erradicación vuelve a ser un tema fundamental”, subrayó.
Recordó que la estrategia estatal contra el narcotráfico se basa en cuatro pilares: erradicación, interdicción, desarrollo alternativo y prevención, y remarcó la necesidad de equilibrar estos componentes para frenar el crecimiento de los cultivos excedentarios.
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