
Bolivia se mantiene en la calificación ‘CCC-’ de Fitch Ratings, una de las notas más bajas dentro de la escala de deuda soberana y que implica alto riesgo de default o reestructuración, según el informe Perspectivas de la deuda soberana de América Latina 2026. La actualización fue divulgada esta semana y citada por Bloomberg Línea.
La agencia explicó que el país atraviesa “desafíos severos” para cumplir con sus próximos vencimientos en un contexto internacional incierto. Aunque no ve un incumplimiento inmediato, Fitch advierte que el margen de seguridad financiero es cada vez menor.
Único país degradado en 2025
El documento señala que Bolivia fue la única economía de la región degradada en 2025, quedando incluso por debajo de Argentina y Ecuador, ambas con nota ‘CCC+’. La rebaja previa, de ‘CCC’ a ‘CCC-’, se produjo en enero, reflejando un deterioro sostenido de la capacidad de pago.
Riesgo país sigue alto pese a cierta mejora
El riesgo país boliviano se ubica actualmente en 673 puntos, una mejora significativa frente a los 2.087 puntos registrados a finales de 2024. Sin embargo, sigue siendo uno de los más elevados de América Latina, solo superado por Venezuela, cuyo indicador rebasa los 11.000 puntos.
Bloomberg destacó que, pese a este contexto, los bonos soberanos bolivianos registraron en 2025 una “fuerte compresión de rendimientos” tras el cambio político que puso fin a casi 20 años de gobierno del MAS, lo que abrió ciertas expectativas favorables en algunos mercados.
Avances del Gobierno aún no cambian la percepción de riesgo
El Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira sostiene que hubo avances en el abastecimiento de combustibles y cierta estabilización cambiaria. No obstante, Fitch subraya que estas mejoras no alteran la percepción global, ya que Bolivia continúa en una calificación que limita su acceso a financiamiento internacional y demanda reformas estructurales para recuperar la confianza.
Financiamiento externo en espera
Las autoridades informaron que esperan acceder a recursos de organismos multilaterales, como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que comprometió un primer desembolso de $us 550 millones durante el primer mes de gestión.
Sin embargo, a casi 30 días del nuevo Gobierno, el monto aún no ha sido tratado en la Asamblea Legislativa, lo que retrasa la disponibilidad de fondos destinados a aliviar la presión financiera del país.



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