El presidente Rodrigo Paz Pereira justificó este jueves la destitución del ministro de Justicia, Freddy Vidovic, afirmando que el exfuncionario contaba con una sentencia ejecutoriada y que su permanencia “ponía en peligro la fe del Estado”. La decisión fue asumida tras conocerse información remitida por el Tribunal Supremo de Justicia sobre la situación legal del exministro.
Paz explicó que Vidovic le aseguró el 9 de noviembre, día de posesión del gabinete, que no tenía irregularidades pendientes. Sin embargo, informes posteriores revelaron una sentencia ejecutoriada de tres años de privación de libertad por delitos vinculados al caso Belaúnde.
Los motivos de la destitución
El miércoles, ministro de Gobierno, Marco Oviedo, detalló que la sentencia contra Vidovic —por favorecimiento a la evasión, cohecho activo y otros delitos— impide que ejerza cargos públicos. El caso está relacionado con la fuga del ciudadano peruano Martín Belaúnde en 2015.
Ante esa información, Paz sostuvo que la situación comprometía a las principales autoridades del país.
“El vicepresidente, el presidente y el gabinete estaban en riesgo”, declaró. Subrayó que mantener a una autoridad con una sentencia ejecutoriada resultaba incompatible con los estándares del Ejecutivo.
El mandatario agradeció los “breves servicios” del exministro y afirmó haber tomado una decisión “pronta y rápida” para proteger la institucionalidad estatal.
Reemplazo en Justicia
Tras la salida de Vidovic, la cartera de Justicia quedó a cargo de José García Pinto, quien había sido posesionado una semana antes como viceministro de Régimen Interior. Paz afirmó que confía en que García Pinto podrá impulsar reformas importantes en el sistema judicial.
El presidente recordó que Vidovic fue una propuesta del vicepresidente Edmand Lara, quien confiaba en su exabogado. Aun así, insistió en que la estabilidad del Estado debía prevalecer.
Defensa legal: “No existe la muerte civil en Bolivia”
Christian Tejada, abogado de Vidovic, cuestionó la destitución y sostuvo que la Constitución prohíbe la “muerte civil”, por lo que una persona no puede ser marginada de cargos públicos por una condena cumplida.
El jurista citó el artículo 234 de la Carta Magna, que exige no contar con sentencia pendiente de cumplimiento para ejercer funciones públicas. Afirmó que la de Vidovic —dictada en 2015 mediante procedimiento abreviado— ya fue cumplida y que, según el artículo 441 del Código de Procedimiento Penal, los registros de sentencias deben cancelarse ocho años después de emitidas.
Tejada advirtió que la decisión podría sentar “un precedente jurídico peligrosísimo”, porque permitiría inhabilitar a ciudadanos por hechos “ya sancionados y extinguidos”.
Paz pide estabilidad y respaldo
En medio de la controversia, el presidente hizo un llamado a los medios de comunicación a “cuidar la estabilidad y la democracia” en un contexto que calificó como delicado para el país. Aseguró que en apenas 12 días de gestión se están construyendo “bases sólidas” para transformar Bolivia.
Vidovic, por su parte, señaló en redes sociales que fue “víctima de un proceso político” y denunció haber sufrido secuestro, tortura y una condena ilegal con suspensión condicional de la pena.
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