En una acción desarrollada la noche del pasado 16 de noviembre, la Fiscalía Especializada en Sustancias Controladas, en coordinación con la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (GIOE-Amazonia), incautó 10 tanques de diésel y aprehendió a dos personas por el delito de transporte ilegal de combustibles. El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 en la carretera que une San Ignacio de Moxos con San Borja.
El fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza, confirmó que se abrió la investigación por almacenaje, comercialización y compra ilegal de diésel, gasolina y gas licuado de petróleo.
Detalles del operativo
Durante un patrullaje rutinario, las unidades interceptaron un camión blanco sin placa de control que transportaba los diez tanques con el combustible. Al ser requisado, los ocupantes del vehículo no pudieron presentar la documentación que acreditara la legalidad del transporte o la procedencia del diésel, lo que motivó su inmediata aprehensión.
“Entre los indicios colectados se encuentran el informe de acción directa, un muestrario fotográfico que evidencia la cantidad de diésel transportado, el vehículo intervenido, además de la incautación del combustible”, explicó Mendoza.
Investigaciones y búsqueda de presuntos responsables
Según las primeras investigaciones, los dos aprehendidos habrían estado trabajando en conjunto con otros implicados. Las autoridades identificaron a los presuntos propietarios del camión y del combustible como Eddy L. y Magaly A. Q., quienes al parecer escoltaban el transporte en una vagoneta color guindo que logró darse a la fuga al detectar la presencia de los efectivos.
El fiscal del caso, Mauricio Roca, señaló que las personas aprehendidas serán puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional en las próximas horas. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar todas las responsabilidades y desarticular posibles redes de comercialización ilegal.
Estas acciones buscan frenar un delito que perjudica directamente la economía del Estado y la seguridad de la población, a través de la venta ilegal de combustibles subsidiados.
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