
El exvicepresidente correísta Jorge Glas fue trasladado a la nueva prisión de máxima seguridad construida por el gobierno de Daniel Noboa, un centro penitenciario presentado como el emblema de su política de seguridad. El traslado se produjo pese a las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que exigían garantías para su integridad.
El gobierno ecuatoriano movilizó a los primeros 300 reclusos hacia la denominada «Cárcel del Encuentro». El presidente Noboa marcó el evento publicando en redes sociales fotografías de Glas con el uniforme naranja institucional, acompañadas del mensaje: «Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales».
Traslado y rechazo de la defensa
La abogada defensora de Glas, Sonia Vera, calificó el traslado como un «acto de desacato y humillación institucional». Señaló que la publicación de las imágenes y los mensajes constituye una violación directa de las medidas cautelares de la Corte IDH, las cuales prohíben cualquier forma de exposición o trato que atente contra la dignidad humana.
Vera afirmó que el traslado se realizó sin notificación a la defensa, sin informe médico y sin la intervención de la mesa técnica ordenada por el sistema interamericano. «Lo ocurrido no es un exceso comunicacional: es un acto de Estado que desacata una decisión jurisdiccional internacional», manifestó.
Antecedentes penales y contexto
Jorge Glas se encontraba recluido en la cárcel de La Roca antes de su traslado. Fue recapturado en 2023 durante el asalto a la Embajada de México en Quito, después de que el gobierno mexicano le otorgara asilo político. El exfuncionario acumula varias condenas: una pena de ocho años por delitos de corrupción y una posterior condena de 13 años por peculado durante la reconstrucción tras el terremoto de 2016.
La nueva cárcel y la crisis carcelaria
La «Cárcel del Encuentro» comenzó su construcción en junio de 2024 con un presupuesto de 52 millones de dólares. Su creación es la respuesta del gobierno a la grave crisis carcelaria, donde más de 600 reclusos han fallecido en masacres desde 2021. El traslado de reclusos se produce tras la reciente matanza de 31 personas en la cárcel de Machala, un episodio que, según el ministro del Interior, los reclusos buscaban evitar con estos movimientos.







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