
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, defendió este viernes la orden de aprehensión contra Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por presunto contrabando agravado de gas natural. La medida, emitida tras una denuncia de la Aduana Nacional en Yacuiba, Tarija, implica una afectación de 14 millones de dólares al Estado. La Policía Boliviana ya inició la búsqueda del funcionario, quien asegura que no cometió delito y se presentará a declarar.
Mariaca enfatizó que la orden está «totalmente fundamentada» en la Constitución y la Ley 260, y fue entregada a unidades policiales en Santa Cruz y Tarija el jueves. «No podemos calcular políticamente y dejar de investigar», sostuvo en rueda de prensa, al descartar citación previa dada la solidez de la denuncia de más de 50 hojas.
Defensa legal y avances en la investigación
El fiscal Mariaca aclaró que la aprehensión procede sin citación inicial debido a los indicios presentados por la Aduana, que detallan la exportación irregular de gas. Una vez aprehendido, Dorgathen podrá declarar o no, pero la pesquisa continuará pese a críticas políticas por la tardanza en activar la orden.
No se descartan allanamientos para cumplir con el mandamiento, según Mariaca. La investigación se centra en el supuesto contrabando, denunciado el jueves en Yacuiba, que causó pérdidas millonarias al erario público.
Policía activa búsqueda y alerta migratoria
El comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo, confirmó este viernes que la institución ejecutará la orden «por mandato constitucional». La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lidera la operación, con mecanismos y personal suficientes para la detención.
Russo anticipó una alerta migratoria «con seguridad» contra Dorgathen, como parte de las diligencias procesales. «Vamos a hacer todas las actuaciones necesarias», afirmó, sin especular sobre el paradero del ejecutivo.
Contexto del caso y posturas divididas
El escándalo surgió de una exportación de gas que, según la Aduana, violó normas y generó un daño de 14 millones de dólares. Sin embargo, YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Aduana aclararon que la transacción fue legal, con facturas y fondos ingresados a las cuentas estatales.
Desde YPFB, se insiste en que Dorgathen permanece en territorio nacional y se presentará voluntariamente. La oposición exige su detención y una auditoría integral a YPFB, mientras el oficialismo califica el caso de «cacería de brujas» y pide imparcialidad en la pesquisa.







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