El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes el estado de excepción en siete provincias del país debido a una «grave conmoción interna» provocada por protestas y bloqueos viales. La medida responde al rechazo social a la eliminación del subsidio al diésel y a la creciente inseguridad en las vías, y entrará en vigencia por 60 días.
Desde el lunes se han reportado manifestaciones parciales en Pichincha, Carchi, Azuay e Imbabura, con bloqueos intensificados este martes en el norte de Pichincha y en rutas fronterizas de Carchi con Colombia. Como precaución, el Gobierno trasladó temporalmente la sede del Ejecutivo a Cotopaxi y la de la Vicepresidencia a Imbabura.
Provincias afectadas y alcance de la medida
El decreto abarca las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde se concentran la mayoría de los actos violentos, paralizaciones del transporte y cierres de vías. Estas representan dos de las 24 provincias del país y son clave para el flujo económico y la movilidad.
La declaratoria busca detener la «radicalización de las medidas de hecho» en estas zonas, evitando mayores afectaciones a la población, según el texto oficial suscrito por Noboa. Se fundamenta en la alteración del orden público, con situaciones de violencia que amenazan la seguridad ciudadana, la libre circulación, el trabajo y las actividades económicas.
Causas de las protestas y contexto económico
Las manifestaciones surgen principalmente por la eliminación del subsidio al diésel, implementada el sábado pasado, que elevó el precio del combustible de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros). Este cambio impacta sectores como el campo, la pesca, el transporte de pasajeros y de carga, esenciales para la economía ecuatoriana.
Además, los manifestantes denuncian inseguridad en las vías, con robos, asaltos y extorsiones frecuentes, exigiendo mayor intervención estatal. Sectores como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y sindicatos rechazan el alza de precios, argumentando que agrava la crisis social.
Detalles del decreto y suspensiones
El estado de excepción suspende el derecho a la libertad de reunión en las provincias afectadas, limitando aglomeraciones en espacios públicos las 24 horas del día para evitar paralizaciones de servicios y atentados contra derechos ciudadanos. No restringe manifestaciones pacíficas que no afecten a terceros, aclara el documento.
La medida justifica una «intervención excepcional» de las instituciones estatales para preservar la seguridad, el orden público y la paz social. Su duración de dos meses permite una presencia reforzada del Estado, con el fin de fortalecer el control territorial y reducir la violencia contra personas y bienes.
Respuesta gubernamental con compensaciones
Ante las protestas, el Gobierno avanza en compensaciones prometidas. El lunes depositó más de 1,1 millones de dólares en incentivos productivos a 1.600 transportistas de modalidades intercantonal, inter e intraprovincial.
Además, 70.000 productores agrícolas recibieron el Bono RAÍCES de 1.000 dólares cada uno, como apoyo para el crecimiento económico sostenible. Estas acciones buscan mitigar el impacto de la reforma en sectores vulnerables, mientras se mantiene el diálogo con los afectados.
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