El Servicio General de Identificación Personal (Segip) presentó una denuncia penal contra exfuncionarios que, en 2014, facilitaron la emisión de una cédula de identidad boliviana al ciudadano brasileño Sergio Luis de Freitas Filho, identificado como miembro del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC). La acción irregular permitió al extranjero obtener un documento con el nombre de Sergio Noroña.
El director departamental del Segip, Pablo Vaca, confirmó que los responsables están plenamente identificados. “Tenemos nombre, apellido y domicilio de los exfuncionarios. Toda la documentación fue enviada al Ministerio Público para la investigación”, declaró a Bolivia TV.
Irregularidades en el proceso de naturalización
Según la investigación, De Freitas Filho inició su proceso de naturalización en Bolivia tras contraer matrimonio el 10 de marzo de 2011. Posteriormente, obtuvo de forma irregular un certificado de nacimiento boliviano, lo que le permitió acceder a una cédula de identidad en 2014.
Vaca explicó que, en ese entonces, el Segip y el Servicio de Registro Cívico (Serecí) no contaban con un sistema digital de verificación. “Los usuarios presentaban certificados en físico, y los funcionarios solo verificaban firma, sello y valorado”, señaló. Este vacío permitió la introducción de datos falsos en el sistema.
Exfuncionarios fuera de la institución
El director del Segip aclaró que los involucrados ya no trabajan en la institución. “Son exfuncionarios, y estamos comprometidos a colaborar con la investigación para esclarecer los hechos”, afirmó Vaca. Además, desmintió rumores sobre un supuesto encubrimiento. “Es falso que el Segip elimine información. No podemos borrar datos de usuarios”, aseguró.
Mejoras en el sistema de identificación
Desde 2017, el Segip implementó herramientas biométricas para prevenir irregularidades. “Ahora registramos huellas dactilares y rostros. Si una persona tiene antecedentes en Interpol, nuestro sistema lo detecta al instante”, explicó Vaca. Estas medidas buscan garantizar la seguridad en la emisión de documentos.
Investigación en curso
El caso está en manos del Ministerio Público, que determinará las responsabilidades de los exfuncionarios. El Segip reiteró su compromiso con la transparencia y la colaboración para llegar a la verdad.
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