TMF Group, proveedor global de servicios administrativos esenciales que ayuda a las empresas a invertir y operar de manera segura en todo el mundo, publicó recientemente su informe “Sink or Swim” (“Hundirse o Nadar”), titulado “Trazando un crecimiento empresarial exitoso en un mundo cada vez más incierto”. Este documento presenta el “Índice de Complejidad Empresarial Global 2025” (en inglés, “Global Business Complexity Index 2025”), que evalúa la complejidad para establecer, operar y expandir negocios en diferentes países. El índice sirve como guía para que las empresas comprendan los desafíos y oportunidades en diversos mercados internacionales.
De acuerdo con el informe, las 10 jurisdicciones menos complejas para hacer negocios este año son, del puesto 10 al 1: República Checa, Curazao, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Países Bajos, Jersey, Hong Kong, Nueva Zelanda, Dinamarca e Islas Caimán. Estos países destacan por su menor complejidad y mayor facilidad para los negocios, gracias a factores como baja burocracia estatal, regímenes tributarios amigables, sistemas financieros modernos, un estado de derecho consolidado, alta libertad económica, entornos políticos favorables e inversiones en digitalización e inteligencia artificial, entre otros.
En el extremo opuesto, el top 10 de los lugares más complejos para hacer negocios según el estudio lo encabezan Grecia, Francia, México, Turquía, Colombia, Italia, Bolivia, Kazajistán y China continental. En estas naciones, la alta complejidad se debe a cargas administrativas y fiscales elevadas, ecosistemas de negocios poco favorables y una falta de condiciones plenas de seguridad jurídica por parte del Estado, entre otras razones.
En Latinoamérica, países como México, Colombia, Brasil y Bolivia figuran en la lista de los 10 más complejos para los negocios, principalmente por burocracia excesiva, incertidumbre política, elevada carga impositiva y regulación estatal. No obstante, hay naciones en la región que muestran menor complejidad y un clima más óptimo, como Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Uruguay y Chile.
En el caso específico de Bolivia, el informe indica que el país pasó del quinto al octavo puesto en el ranking de complejidad este año. Sin embargo, persisten desafíos significativos en materia de contabilidad y impuestos (A&T) y recursos humanos y nómina (HRP), sobre todo por la dependencia de documentación física para el cumplimiento normativo, lo que obstaculiza los esfuerzos de transformación digital.
Además, la inestabilidad macroeconómica, las restricciones cambiarias y la tensión política siguen siendo obstáculos clave para la inversión extranjera, complicando la entrada al mercado y el crecimiento económico.
El mercado laboral boliviano se mantiene estable, aunque la economía está estancada por luchas políticas internas y presiones inflacionarias. Existen oportunidades en proyectos de infraestructura, como carreteras, puentes y hospitales, que podrían estimular el empleo y la actividad económica. Sin embargo, estos aún no alcanzan la escala necesaria para impulsar un crecimiento significativo.
El potencial de los recursos naturales de Bolivia, como el litio y el gas, permanece subutilizado debido a las condiciones regulatorias y económicas actuales. No obstante, las elecciones de 2025 podrían traer un cambio de gobierno que haga al país más atractivo para inversionistas en estos sectores.
“Tanto el GEM como el HRP son complejos en Bolivia debido a las dificultades para digitalizar la información. Las autoridades insisten en la documentación física para la presentación de las nóminas de los trabajadores, lo cual ha sido la norma tradicional desde hace mucho tiempo. Además, Bolivia enfrenta importantes obstáculos para atraer inversión extranjera, principalmente debido a problemas macroeconómicos. El mercado cambiario es particularmente problemático, con estrictas regulaciones para la conversión de dólares a bolivianos y viceversa. Estas restricciones cambiarias representan un serio desafío para las empresas que operan en Bolivia”, explica un experto de TMF Bolivia.
En resumen, que Bolivia sea uno de los países más complejos del mundo para hacer negocios no es casual, sino causal; no coyuntural, sino estructural. Una economía cuya principal fuente de ingresos fiscales —el gas natural— ha caído un 50% en los últimos 10 años, mientras se ha mantenido un gasto público elevado, ha generado desequilibrios macroeconómicos en varios frentes, como escasez de carburantes, iliquidez de divisas e inflación. A esto se suma una estructura normativa e institucional anticuada y poco favorable para las empresas, inestabilidad política y social, y baja seguridad económica y jurídica, lo que hace a Bolivia uno de los destinos menos atractivos para invertir en la región.
Pero no todo está perdido: Bolivia cuenta con un gran potencial en recursos naturales, materias primas, sector agropecuario, turismo y otros ámbitos, que requieren inversión privada —especialmente extranjera— para su desarrollo e industrialización, con miras a la diversificación y generación de valor agregado. Para lograrlo, es esencial modernizar, simplificar y digitalizar las normativas e instituciones; reducir al mínimo la burocracia estatal; y reajustar o implementar nuevas leyes en áreas como inversión, hidrocarburos, laboral e impositiva. Convertir a Bolivia en un país óptimo para los negocios y atractivo para invertir implica, literalmente, refundar el país. Será un proceso largo y complicado, cuya tarea primordial debería asumir el nuevo gobierno; si este es de una línea política amiga del empresariado, sin duda será más factible.
Luis Fernando Romero Torrejón es presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Author: Luis Fernando Romero Torrejón
Sobre el autor
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