La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) rechazaron el incremento del 10% al salario mínimo y 5% al haber básico acordado este lunes entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB). Piden al presidente Luis Arce y su gabinete revisar la medida bajo el argumento de que el alza salarial agravará el estancamiento económico, la inflación y el desempleo.
Advertencias sobre el impacto económico
Según un comunicado de la CEPB, el aumento —el más alto en ocho años— llega en un contexto de decrecimiento del PIB (2,1% en 2024), inflación acumulada del 13,87% y déficit fiscal del 10,9%. La CNI detalló seis riesgos clave:
- Estancamiento económico: El FMI y el Banco Mundial proyectan un crecimiento de apenas 1% en 2025. El alza salarial reduciría la demanda de productos nacionales, favoreciendo el contrabando.
- Mayor inflación: Aumentaría la presión sobre precios y el tipo de cambio, afectando la competitividad.
- Déficit fiscal: El Estado enfrentaría gastos adicionales, elevando el «riesgo país» y desincentivando inversiones.
- Riesgo para pymes: Empresas con costos elevados por importaciones y escasez de divisas podrían recortar empleos. Solo el 15% de la fuerza laboral formal se beneficiaría.
- Desigualdad salarial: El sector público ajusta salarios con utilidades, pero el privado no tiene ese margen.
- Aportes patronales: Por cada Bs. 100 de aumento, las empresas pagan Bs. 48 en obligaciones, encareciendo la mano de obra.
Críticas desde Santa Cruz
Jean Pierre Antelo, presidente de Cainco, calificó la medida como «un parche» ante una crisis «cada día más profunda». Criticó que el 80% de los bolivianos en informalidad no se beneficiará, pero sufrirá alzas en productos básicos: «Hoy solo aplauden los cómplices del modelo agotado», afirmó, en referencia a la COB.
Demanda al Gobierno
Las cámaras empresariales pidieron congelar salarios en 2025 y reconsiderar el decreto, que sería emitido el primer día de mayo. Advirtieron que, de aplicarse, el Gobierno debe asumir la responsabilidad por sus efectos en empleos y estabilidad macroeconómica.
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