

Cientos de manifestantes se congregaron este miércoles frente a la Procuraduría General del Estado en El Alto para exigir imparcialidad en el litigio entre la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) y Fancesa. La movilización, que reunió a trabajadores, cooperativistas mineros y transportistas, denunció la actuación del procurador Ricardo Condori, señalando que su intervención amenaza 1.500 empleos directos y la estabilidad jurídica del país.
Organizaciones y sindicatos exigen transparencia
La protesta contó con la participación de organizaciones de Viacha, cooperativas mineras de La Paz, Oruro y Cochabamba, y diversos sindicatos vinculados a la industria del cemento. Los manifestantes alzaron pancartas con mensajes como «No a la injerencia política» y «Soboce, 100 años trabajando por Bolivia», expresando su preocupación por el futuro de la empresa.
Claudio Alba, secretario de Sintracot, fue enfático al señalar: «El Procurador está vulnerando la legalidad al tomar partido en un litigio entre privados. Esto pone en duda la independencia de poderes en nuestro país».
El conflicto judicial que preocupa a miles
El origen de la protesta se remonta a un fallo del Tribunal Supremo que obliga a Soboce a pagar 744 millones de bolivianos a Fancesa por un préstamo que, según la empresa, ya fue cancelado. La decisión judicial, basada en acusaciones de competencia desleal no probadas, motivó a Soboce a presentar un Amparo Constitucional.
David Cruz, representante de la cooperativa minera Catavi, explicó: «Esta sentencia no solo es injusta, sino que atenta contra el desarrollo productivo de Bolivia. Estamos hablando de miles de familias que dependen de esta industria».
¿Qué piden los manifestantes?
Los participantes de la movilización plantearon tres exigencias claras:
- Neutralidad del Procurador General del Estado en el proceso judicial
- Respeto al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica
- Revisión del fallo que afecta a Soboce
Además, anunciaron que continuarán con acciones de protesta si persiste lo que califican como «persecución institucional» contra la empresa cementera.
Impacto económico y social del conflicto
El caso trasciende el ámbito jurídico, con potenciales consecuencias para la economía regional. Soboce, fundada hace un siglo, es considerada un pilar del desarrollo industrial boliviano. La sentencia en su contra no solo afectaría a sus 1.500 trabajadores directos, sino a toda la cadena productiva que depende de la empresa.
Próximos pasos en el proceso judicial
Mientras los manifestantes regresaban a sus comunidades, el Amparo Constitucional presentado por Soboce sigue su curso. Las partes interesadas espera si las autoridades judiciales reconsiderarán su posición frente a las evidencias presentadas por la empresa y la presión social generada.
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