

Las estafas por redes móviles se han convertido en una amenaza creciente en Bolivia. Según la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), desde 2023 se han registrado más de 9.000 denuncias, concentradas en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, donde ocurren casi el 80% de los casos.
El incremento de estos fraudes se debe a la rapidez con la que los delincuentes se adaptan a las nuevas tecnologías. Entre los métodos más frecuentes está la suplantación de operadores telefónicos para obtener el código PIN de la víctima, lo que representa el 49% de los casos reportados. También se han detectado engaños relacionados con falsos beneficios por antigüedad, actualizaciones de datos y premios ficticios que requieren una transferencia de dinero o la entrega de datos personales.
Plataforma para bloquear números sospechosos
Para combatir estas estafas, la ATT implementó la plataforma BloqueaLaEstafa, que ha permitido la suspensión de 6.469 líneas móviles vinculadas a actividades fraudulentas desde su lanzamiento en 2023. A través del sitio web https://bloquealaestafa.att.gob.bo/, los usuarios pueden denunciar números sospechosos. Si la denuncia es válida, se procede al bloqueo de la línea y del dispositivo utilizado para la estafa.
Empresas de telefonía como Tigo también han reforzado medidas de seguridad. «La creciente ola de estafas nos preocupa profundamente, y por ello estamos trabajando con las autoridades para bloquear los números denunciados y concienciar a la población», afirmó María Laura Mendoza, gerente de Marca Institucional y ESG de Tigo.
Consejos para evitar estafas
Para prevenir estos delitos, las autoridades recomiendan:
Bloquear y denunciar números sospechosos a través de BloqueaLaEstafa.
Desconfiar de ofertas sospechosas que incluyen robo de identidad, ventas fraudulentas y promesas de beneficios falsos.
Verificar la autenticidad de las fuentes antes de compartir información personal o hacer clic en enlaces sospechosos.
En Bolivia, la estafa es un delito sancionado con hasta cinco años de cárcel según el artículo 335 del Código Penal. La colaboración ciudadana es clave para frenar estos fraudes y evitar que más personas sean víctimas de engaños.
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