

El Consejo Nacional de Autonomías, reunido este lunes en La Paz, acordó la formación de comisiones departamentales para coordinar el diagnóstico, las necesidades y la distribución de recursos ante la emergencia desatada por las riadas e inundaciones que afectan a varias regiones del país. En la misma sesión, las autoridades instaron a la Asamblea Legislativa a aprobar con urgencia dos créditos internacionales para fortalecer la respuesta a la crisis.
El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, detalló que estas comisiones estarán conformadas por gobernadores, representantes municipales e indígenas, equipos técnicos y un ministro del Ejecutivo asignado a cada región. Además, se declaró la atención inmediata de desastres y emergencias como prioridad nacional, en cumplimiento de la Ley 602 y las declaratorias de los gobiernos subnacionales.
Urgen aprobación de financiamiento externo
El Consejo resaltó la existencia de un crédito disponible por 75 millones de dólares, proveniente del «Programa de apoyo para la gestión de riesgos ante eventos adversos del clima», destinado a reforzar las acciones de emergencia. Sin embargo, Cusicanqui insistió en la necesidad de que la Asamblea apruebe dos financiamientos adicionales: un préstamo de 250 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), enfocado en salud pública y gestión de desastres naturales, y otro de 100 millones de dólares de la Cooperación Japonesa, de libre disponibilidad.
El presidente Luis Arce subrayó la magnitud del problema al señalar que «en más de 40 años no se habían registrado lluvias tan intensas», lo que ha generado un impacto económico significativo. «Los recursos del Tesoro General, así como los de los gobiernos departamentales y municipales, son insuficientes para enfrentar esta situación», advirtió.
Tareas clave de las comisiones
Las comisiones departamentales se encargarán de coordinar la asistencia humanitaria, incluyendo la entrega de alimentos y atención en salud y educación, así como la rehabilitación de viviendas y la restauración de servicios básicos como agua potable y electricidad. También priorizarán la reparación de caminos para garantizar el suministro de alimentos en los centros urbanos.
En una segunda etapa, se enfocarán en reactivar la producción agropecuaria mediante la distribución de semillas y fertilizantes. Paralelamente, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) pondrá en marcha medidas para reprogramar y refinanciar créditos productivos y de vivienda afectados por las inundaciones.
Como medida preventiva, el acuerdo incluye la limpieza periódica de ríos y la construcción de muros de contención para reducir el impacto de futuras inundaciones, en un esfuerzo por fortalecer la resiliencia del país frente a eventos climáticos extremos.
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