

El sector avícola de Santa Cruz se sumó al Comité Multisectorial con el objetivo de demandar soluciones a la crisis que golpea la producción agropecuaria. Omar Castro, presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz, expresó que las preocupaciones persisten tras la implementación de la disposición séptima adicional del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, una norma que el sector considera perjudicial.
Castro destacó que, aunque el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió un recurso de inconstitucionalidad contra esta disposición, los plazos judiciales son inciertos y prolongados. “El Gobierno tiene 15 días hábiles para responder, y luego el TCP podría demorar hasta 45 días hábiles en pronunciarse”, explicó a Red Uno. Sin embargo, insistió en que el Ejecutivo cuenta con herramientas legales para derogar la normativa de manera inmediata, y afirmó que los avicultores permanecerán en estado de alerta hasta obtener respuestas.
El dirigente también denunció un incidente reciente en Macharetí, donde dos furgones con carne de pollo rumbo a Tarija fueron retenidos. “Las autoridades alegaron falta de documentación y sospechas de contrabando”, señaló. Posteriormente, el sector descubrió que una nueva norma exige un certificado de proveedor único para envíos a zonas fronterizas, lo que ha generado confusión e incertidumbre entre los productores.
En otro frente, Castro abordó la crisis de abastecimiento de combustibles, que sigue afectando la producción agropecuaria. “Las filas para conseguir diésel persisten, y muchos agricultores han perdido cosechas tanto por la escasez como por las recientes inundaciones”, afirmó. En ese sentido, subrayó que el sector no busca más reuniones con el Gobierno, sino “soluciones concretas, aunque sean parciales, que alivien la situación”.
El próximo 2 de abril, el Comité Multisectorial celebrará un ampliado en El Alto con la participación de productores, importadores y comerciantes minoristas de todo el país. En este encuentro, los avicultores reiterarán su exigencia de derogar las normativas que obstaculizan su actividad y urgirán al Gobierno a eliminar las trabas que afectan la importación y comercialización de combustibles. “Es imprescindible agilizar las regulaciones para reactivar la economía y dar certidumbre al sector productivo”, concluyó Castro.
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