

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias determinó este viernes que la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es arbitraria y recomendó al Gobierno de Bolivia su “inmediata liberación”. En un documento oficial, el organismo señaló que el arresto del excívico cruceño violó principios fundamentales de igualdad y estuvo motivado por su opinión política como dirigente, contraviniendo normas internacionales de derechos humanos.
Tras analizar el caso, el Grupo de Trabajo afirmó que la privación de libertad de Camacho infringe ocho artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y cinco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según el informe, su detención tuvo como fin “reprimir a miembros de grupos políticos para silenciar sus reivindicaciones”, lo que refuerza la calificación de arbitrariedad.
El organismo instó al Gobierno boliviano a liberar a Camacho de forma inmediata, otorgarle una indemnización y otras reparaciones conforme al derecho internacional, e iniciar una investigación independiente sobre las circunstancias de su arresto. Además, exhortó a identificar y sancionar a los responsables de las violaciones a sus derechos. El caso fue remitido a tres relatoras especiales de la ONU para que adopten medidas adicionales.
El Grupo de Trabajo dio un plazo de seis meses al Gobierno y a la fuente para informar sobre las acciones tomadas, advirtiendo que, de no haber respuesta, realizará su propio seguimiento. También solicitó difundir ampliamente sus conclusiones.
Por su parte, Human Rights Foundation (HRF), que representa a Camacho internacionalmente, respaldó el fallo y afirmó que las opiniones del Grupo son vinculantes. La organización anunció una conferencia de prensa junto a la familia del gobernador el próximo lunes en La Paz. En contraste, el ministro de Justicia, César Siles, rechazó este jueves la resolución, negó su carácter vinculante y anticipó que el Gobierno pedirá una revisión.
La decisión de la ONU pone en el foco las tensiones políticas en Bolivia y plantea interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos y la independencia judicial en el país, mientras el caso de Camacho sigue generando debate a nivel nacional e internacional.
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