

Más de 1.100 personas han sido detenidas en Turquía por manifestarse contra el arresto de Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul y destacado líder opositor al presidente Recep Tayyip Erdogan. Las autoridades confirmaron este martes que los arrestos ocurrieron en 55 de las 81 provincias del país, tras una semana de protestas iniciadas el pasado miércoles, cuando Imamoglu fue detenido. Las manifestaciones, marcadas por disturbios, han generado una dura respuesta policial.
El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, informó que entre los detenidos hay 43 personas acusadas de insultar a Erdogan y su familia durante una protesta el lunes en la Plaza Saraçhane de Estambul. En un mensaje en X, calificó a los arrestados como “provocadores” y aseguró que las fuerzas de seguridad siguen buscando a más implicados. En esa manifestación, la policía usó gas lacrimógeno para dispersar a la multitud, mientras que en Antalya se emplearon cañones de agua y se detuvo a al menos 25 personas.
Imamoglu, encarcelado desde el domingo, enfrenta cargos de corrupción y sobornos, aunque sus seguidores y el Partido Republicano del Pueblo (CHP) denuncian que se trata de una estrategia política para bloquear su candidatura presidencial en 2028. Ese mismo día, el CHP lo ratificó como su candidato con el apoyo de más de 15 millones de votos. Las protestas, las mayores desde las de Gezi en 2013, reflejan el creciente descontento social en el país.
Las movilizaciones han tomado diversas formas: estudiantes de Estambul y Ankara llaman a boicotear clases, mientras miles realizan cacerolazos y apagones desde sus hogares. El lunes, una marcha desde Besiktas hasta la sede municipal reunió a miles, según la AFP. Sin embargo, las autoridades, como el gobernador de Estambul, Davut Gul, acusan a los manifestantes de dañar propiedades públicas y prometen mantener el orden a toda costa.
Organizaciones internacionales han alzado la voz. António Guterres, secretario general de la ONU, expresó su preocupación y pidió respetar el derecho a la protesta pacífica y la libertad de prensa. Reporteros Sin Fronteras denunció la detención de al menos diez periodistas, incluido un fotógrafo de AFP, mientras cubrían los eventos. Amnistía Internacional, por su parte, exigió al gobierno turco detener el uso excesivo de la fuerza contra los ciudadanos.
Desde prisión, Imamoglu envió un mensaje desafiante: “No retrocederé. ¡Ganaré esta guerra!”. Erdogan, en respuesta, acusó a la oposición de desestabilizar al país y justificó las medidas represivas. El gobierno también ha pedido cerrar más de 700 cuentas en X vinculadas a las protestas, intensificando el control sobre la narrativa. Este conflicto pone en evidencia las profundas tensiones políticas en Turquía de cara a un futuro electoral decisivo.
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