

El Gobierno boliviano, a través del ministro de Justicia, César Siles, anunció este martes la suspensión de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, acatando una medida cautelar del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La decisión responde a una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana, y deja en pausa la aplicación de esta norma mientras el TCP evalúa su legalidad.
Siles explicó que el Ejecutivo recibió el pasado 18 de marzo una notificación formal de la Vicepresidencia del Estado, basada en el auto constitucional 060/2025 del TCP. “La disposición ha quedado suspendida, no se va a reglamentar ni aplicar hasta que se resuelva el fondo del asunto”, afirmó el ministro, subrayando el carácter vinculante del fallo judicial que el Gobierno está obligado a cumplir.
La disposición séptima había generado controversia y era el eje de las protestas de gremiales, empresarios y otras 13 organizaciones que exigían su derogación. Aunque esta norma queda congelada, Siles adelantó que se convocará a diálogos bilaterales con los sectores movilizados para atender otras demandas no relacionadas con el punto suspendido, buscando reducir las tensiones sociales.
El fallo del TCP surge tras la acción de inconstitucionalidad abstracta impulsada por el diputado Roca, quien cuestionó la constitucionalidad de la disposición. La medida cautelar ordenada por el tribunal prohíbe cualquier acción administrativa o legal para implementarla, lo que representa un freno inmediato a los planes del Gobierno en torno a esta norma del PGE 2025.
Para el ministro, la suspensión debería desactivar los reclamos específicos ligados a esta disposición. “No habría mayores motivos para continuar con algunas protestas sobre este tema”, señaló Siles, destacando que el Gobierno ha cumplido con fallos similares en el pasado y reiterando su compromiso con las decisiones judiciales.
Este desenlace plantea interrogantes sobre el futuro del PGE 2025 y las negociaciones con los sectores afectados. La suspensión de la disposición séptima, aunque temporal, podría abrir un nuevo capítulo de diálogo entre el Ejecutivo y los grupos movilizados, mientras el TCP define si la norma es o no constitucional, un proceso que será clave para la estabilidad política y económica del país.
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