

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) autorizó por unanimidad la extradición de Antonio Parada Vaca, exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, vinculado al escándalo de corrupción conocido como «ítems fantasmas». La decisión, tomada por la Primera Sala del STF en una sesión virtual entre el 7 y el 14 de marzo, abre la puerta para que Parada sea trasladado a Bolivia, donde enfrenta acusaciones por el desvío de más de un millón de dólares mediante el pago de salarios a 800 supuestos empleados inexistentes.
La orden de extradición aún requiere el aval del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para ejecutarse. La solicitud se fundamenta en el Acuerdo de Extradición del Mercosur y la Convención de la ONU contra la Corrupción, instrumentos que respaldan la cooperación internacional en casos de delitos económicos.
Detención y antecedentes del caso
Parada fue arrestado en Brasil el 25 de enero de 2022, tras serle denegada una solicitud de asilo. Desde entonces, permanece en prisión preventiva en Corumbá, cerca de la frontera boliviana. Las investigaciones del Ministerio Público de Bolivia lo señalan como responsable de una red de corrupción que operó durante su gestión en Santa Cruz, desviando fondos públicos a través de contratos ficticios. Los cargos en su contra incluyen lavado de activos, enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y celebración de contratos lesivos al Estado.
El caso «ítems fantasmas» se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción en Santa Cruz, exponiendo una trama de pagos a empleados que nunca existieron.
Próximos pasos y relevancia
Aunque no se ha establecido una fecha precisa para el traslado, la resolución del STF representa un avance clave. Las autoridades bolivianas aguardan la llegada de Parada para iniciar el proceso judicial en su contra.
Esta decisión subraya el compromiso de Brasil y Bolivia en la persecución de la corrupción transnacional, fortaleciendo la colaboración judicial entre ambos países frente a delitos que afectan la gestión pública y la confianza ciudadana.














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