

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado la salida de más de 532.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela al revocar su estatus legal temporal. Esta medida pone fin a las protecciones que les permitían vivir y trabajar en el país, afectando a quienes llegaron bajo un programa humanitario implementado por la administración anterior.
A partir del 24 de abril de 2025, los permisos de trabajo y las salvaguardas contra la deportación quedarán cancelados. Estos inmigrantes, acogidos mediante el programa de libertad condicional humanitaria de la era Biden, tendrán hasta esa fecha para abandonar el territorio estadounidense o enfrentar la expulsión, según anunció el Departamento de Seguridad Nacional.
El comunicado oficial señala que quienes permanezcan sin una base legal tras el fin de su periodo de libertad condicional deberán salir voluntariamente antes del plazo establecido. De lo contrario, el gobierno iniciará procesos de deportación acelerados para garantizar su salida, una postura que refuerza la política migratoria estricta de Trump.
La decisión proviene de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien argumentó que no existen razones humanitarias urgentes ni beneficios públicos significativos que justifiquen la continuidad de estos inmigrantes en el país. Según el departamento, los objetivos originales del programa ya se cumplieron, por lo que su extensión carece de sentido.
El programa, lanzado por Joe Biden en 2022, buscaba ofrecer una vía legal a migrantes con patrocinadores financieros, otorgándoles dos años de residencia y empleo. Inicialmente dirigido a venezolanos, se amplió a otras nacionalidades como parte de una estrategia para reducir cruces fronterizos ilegales, aunque fue criticado tras detectarse irregularidades, como patrocinadores con datos falsos, lo que motivó su cancelación por Trump el primer día de su mandato.
Esta medida ya enfrenta oposición legal. Organizaciones como el Centro de Acción por la Justicia han presentado demandas, calificándola de “cruel e imprudente”. Según sus críticos, la revocación generará caos y sufrimiento en familias y comunidades, mientras el debate sobre el futuro de estos inmigrantes se traslada ahora a los tribunales federales.
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