

El Gobierno turco suspendió al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, de su cargo este domingo, tras un fallo judicial que ordenó su prisión preventiva por cargos de corrupción. La decisión del Ministerio del Interior, calificada como «temporal», llega en medio de protestas masivas que sacuden el país desde el arresto del político el pasado miércoles. Miles de personas han salido a las calles exigiendo su liberación, mientras el Consejo Municipal prepara una elección interna para nombrar a su reemplazo.
La orden judicial acusa a Imamoglu de liderar una organización criminal, aceptar sobornos y abusar de su poder como alcalde. El tribunal también encarceló a más de 20 personas de su entorno, principalmente funcionarios municipales, en el marco de la misma investigación. Además, dos alcaldes de distritos de Estambul fueron destituidos por el Ministerio del Interior, que designó un fideicomisario para el barrio de Sisli, donde el detenido Resul Emrah Sahan enfrenta cargos adicionales por terrorismo.
En una segunda investigación, el juez descartó la prisión preventiva por presuntos vínculos con una organización terrorista armada, pese a «fuertes sospechas». El tribunal argumentó que su arresto por delitos financieros ya era suficiente en esta etapa, dejándolo en libertad con cargos en ese caso. Sin embargo, la suspensión de sus funciones como alcalde se mantiene mientras las acusaciones avanzan.
Las protestas estallaron inmediatamente tras conocerse la detención de Imamoglu, con ciudadanos golpeando cacerolas y silbando desde sus balcones en Estambul. La noche del sábado marcó el pico de las manifestaciones, con concentraciones en todo el país al grito de «gobierno dimisión». La policía respondió con gases lacrimógenos, deteniendo a 323 personas solo en Estambul, según el ministro del Interior, Ali Yerlikaya. En total, cerca de 800 manifestantes han sido arrestados en los últimos días.
La oposición y organizaciones de derechos humanos ven en este caso una maniobra política para neutralizar a Imamoglu, un rival clave del presidente Recep Tayyip Erdogan de cara a las elecciones de 2028. El alcalde, popular en las encuestas, era favorito en las primarias de su partido, celebradas el mismo día del fallo judicial. Su arresto en una redada policial ha sido calificado como el detonante de la mayor ola de protestas en Turquía en una década.
El ministro de Justicia, Yilmaz Tunç, rechazó las acusaciones de motivaciones políticas y defendió la legalidad del proceso, advirtiendo contra «percepciones falsas» que cuestionen el Estado de Derecho. Mientras tanto, la crisis sigue escalando, con implicaciones que podrían redefinir el panorama político turco en los próximos años.
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