

Bolivia cerró 2024 con un panorama económico desafiante: recibió 476 millones de dólares en créditos, pero destinó 1.500 millones al pago de su deuda externa, según reveló el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en una entrevista televisiva. A esta brecha se suman los 3.000 millones de dólares que el país gasta anualmente en importar combustibles, un factor que agrava el déficit en la balanza de pagos y alimenta una crisis de divisas.
Las exportaciones de gas, históricamente el pilar de los ingresos nacionales, apenas alcanzaron los 1.300 millones de dólares en 2024, dejando un saldo negativo de casi 1.700 millones en el comercio energético, explicó Montenegro. Esta caída ha restringido el acceso a dólares y elevado la presión sobre la economía boliviana.
Para mitigar la escasez de divisas, el Gobierno anunció una inyección inmediata de 60 millones de dólares, provenientes de un crédito de 75 millones aprobado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). Estos fondos, según el ministro, se destinarán a reforzar las reservas internacionales, honrar los compromisos externos y asegurar la importación de combustibles. “El pueblo boliviano debe saber que estamos cumpliendo con el servicio de la deuda”, subrayó Montenegro.
El titular de Economía también defendió la sostenibilidad del endeudamiento, que representa el 26,8% del PIB, un nivel que calificó de manejable y similar al de 2006. Sin embargo, advirtió que, sin nuevos ingresos, la falta de dólares seguirá amenazando la estabilidad económica.
El anuncio del crédito desató polémica en la Asamblea Legislativa. El oficialismo respalda el financiamiento como una herramienta clave para preservar la estabilidad, mientras la oposición cuestiona que los recursos no se prioricen exclusivamente en la compra de combustibles. Montenegro replicó que el Banco Central de Bolivia (BCB) distribuye los fondos según las necesidades del país, equilibrando el pago de deuda con la adquisición de insumos estratégicos.
Bolivia atraviesa un escenario económico crítico, marcado por una balanza de pagos en rojo y una dependencia creciente de créditos externos para cubrir sus obligaciones financieras y energéticas. El Gobierno enfrenta el reto de estabilizar las finanzas públicas sin comprometer el acceso a bienes esenciales para la población, en un contexto de recursos limitados y tensiones políticas.
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