Un grupo de empleados de la Voz de América (VOA), respaldado por Reporteros sin Fronteras y varios sindicatos, interpuso una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump por el cierre de esta histórica organización de noticias financiada por el gobierno de Estados Unidos. El recurso, presentado el viernes por la noche ante un tribunal federal en Nueva York, sostiene que la medida infringe la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, entre otras leyes fundamentales.
El cierre de la VOA se concretó tras una orden ejecutiva firmada por Trump el 15 de marzo, que ordenó la disolución de siete agencias federales, incluida la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), entidad que supervisa la VOA y otros medios internacionales. Según los demandantes, esta decisión no solo pone en riesgo los empleos de más de 2.000 trabajadores, sino que priva a millones de personas de una fuente confiable de información en un contexto global marcado por la desinformación y la censura.
La demanda subraya el papel clave de la VOA como bastión de periodismo objetivo en regiones donde los medios están bajo control estatal o enfrentan fuertes restricciones. «En muchas partes del mundo, una fuente vital de noticias independientes ha desaparecido, dejando solo medios censurados o patrocinados por gobiernos para llenar el vacío», advierte el documento presentado al tribunal.
Los demandantes también acusan a la Administración Trump de exceder sus atribuciones al actuar sin la aprobación del Congreso, que por ley supervisa el funcionamiento de la VOA. Con un presupuesto anual de unos 270 millones de dólares, la organización emitía en 49 idiomas y alcanzaba a más de 361 millones de personas semanalmente antes de su clausura.
El recurso judicial exige la reanudación inmediata de las operaciones de la VOA, argumentando que su cierre tiene consecuencias que trascienden a los empleados y afectan la disponibilidad de información veraz a nivel mundial. Este caso se suma a otras demandas contra el gobierno de Trump, evidenciando las tensiones entre el Ejecutivo y las instituciones independientes.
El desenlace de este litigio podría marcar un precedente sobre los límites del poder presidencial y la defensa de la libertad de prensa, tanto en Estados Unidos como en el ámbito internacional. Para los lectores, el conflicto pone de relieve la relevancia de los medios independientes y el impacto de las decisiones políticas en el acceso a la información, un desafío cada vez más crítico en tiempos de creciente censura y desinformación.
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