

Tras una maratónica reunión con el Gobierno, los transportistas de La Paz, respaldados por la Confederación de Choferes de Bolivia y las Federaciones Departamentales, decidieron suspender el paro anunciado para el 24 y 25 de marzo. Sin embargo, el sector mantiene el estado de emergencia ante la falta de soluciones definitivas a sus demandas. El Ejecutivo, por su parte, se comprometió a normalizar el suministro de combustibles en el país hasta el 31 de marzo.
El encuentro, iniciado el viernes por la mañana y concluido a las 16:00, logró avances parciales, insuficientes para desactivar por completo las medidas de presión. Las negociaciones, marcadas por tensiones como la expulsión del presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) de la sala, culminaron con acuerdos que evitaron el paro, aunque no disiparon la incertidumbre.
El ejecutivo de la Federación Departamental del Transporte de La Paz informó que la suspensión se acordó en coordinación con la Confederación de Choferes de Bolivia y las ocho federaciones regionales del departamento. “Estamos en estado de emergencia. Si el Gobierno cumple, no habrá más medidas; si no, retomaremos la lucha por nuestras familias”, advirtió, dejando claro que el sector permanece en alerta.
El compromiso gubernamental incluye garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en un plazo de diez días, una promesa clave en un contexto de largas filas en surtidores que afectan al transporte, el agro y otros sectores. En conferencia de prensa, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, detalló que el acuerdo también contempla mantener la subvención a los carburantes, agilizar la conversión a GNV mediante una nueva reglamentación para la compra de cilindros y coordinar la instalación de surtidores en regiones específicas.
Además, el Gobierno agendó reuniones para los próximos días: el 24 de marzo se abordarán temas arancelarios y el 25 se discutirán créditos bancarios con actores del sistema financiero. “Con este documento, no debería haber paro el lunes”, afirmó Montaño, subrayando el consenso alcanzado. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, añadió que liderará las gestiones sobre aranceles y préstamos la próxima semana.
A pesar de los avances, la relación entre transportistas y el Ejecutivo sigue marcada por la desconfianza. El estado de emergencia persiste como advertencia de posibles movilizaciones si los acuerdos no se concretan, un escenario que mantiene en vilo a la ciudadanía, vulnerable a las consecuencias de un conflicto sin resolución definitiva.
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