

La Corte Suprema de Brasil desestimó los recursos presentados por el expresidente Jair Bolsonaro, quien buscaba apartar a dos magistrados del proceso que investiga su presunta participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Con esta decisión, el máximo tribunal despeja la vía para que el caso contra el líder ultraderechista avance sin demoras.
En una votación mayoritaria, los jueces respaldaron al presidente del Supremo, Luís Roberto Barroso, quien rechazó las impugnaciones planteadas por la defensa de Bolsonaro. Los abogados del exmandatario intentaron recusar a Flávio Dino, exministro de Justicia del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y a Cristiano Zanin, exabogado personal de Lula, argumentando falta de imparcialidad por supuestos vínculos con denuncias previas contra Bolsonaro. Barroso, sin embargo, sostuvo que la ley solo permite apartar a un juez si existe un parentesco directo o si ha actuado como testigo en el caso, condiciones que no se cumplen. De los diez magistrados presentes, solo André Mendonça –designado por Bolsonaro– apoyó la recusación de Dino, pero no la de Zanin.
El Supremo también negó un recurso del exministro de Defensa Walter Braga Netto, candidato a vicepresidente de Bolsonaro en 2022, quien pidió apartar al magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso. La defensa de Braga Netto alegó que Moraes fue blanco de un supuesto plan de asesinato vinculado al golpe, pero Barroso consideró que la solicitud fue presentada fuera de plazo y carecía de fundamentos válidos. Mendonça, nuevamente, fue el único en respaldar esta impugnación.
Además, los acusados intentaron sin éxito trasladar el caso del ámbito de la Sala Primera –integrada por cinco magistrados percibidos como menos conservadores y ninguno nombrado por Bolsonaro– al pleno del tribunal. La petición fue rechazada.
La Sala Primera ya fijó sesiones extraordinarias para el 25 y 26 de marzo, en las que evaluará si acepta las denuncias por golpismo contra Bolsonaro y otros siete implicados, lo que podría derivar en la apertura formal de un proceso penal. En febrero, la Fiscalía General acusó al expresidente y a 33 personas más de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2022 –ganadas por Lula– y mantenerse en el poder mediante un plan que habría culminado en la invasión violenta de las sedes del Congreso, el Supremo y el Palacio del Planalto el 8 de enero de 2023, pocos días después de la investidura de Lula.
El fallo del Supremo fortalece la independencia judicial en un caso de enorme trascendencia política y representa un paso clave en la investigación de los eventos que conmocionaron a Brasil a inicios de 2023.
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