

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que facultaba al Gobierno para el decomiso de productos. Como consecuencia, la aplicación de esta norma ha sido suspendida de manera provisional, informó este lunes el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, en conferencia de prensa.
El recurso fue presentado por el diputado Miguel Roca (CC), quien impugnó la constitucionalidad de los parágrafos uno y dos de la disposición. Hurtado detalló que el TCP emitió un auto constitucional que no solo admite el recurso, sino que también ordena la suspensión inmediata de dichos parágrafos, lo que impide, por el momento, que el Gobierno lleve a cabo decomisos bajo esta normativa.
“Se dispone la suspensión de los parágrafos uno y dos de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado 2025, quedando prohibida su aplicación hasta que se resuelva el fondo del recurso”, explicó Hurtado.
El TCP notificará formalmente al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, en su calidad de representante del órgano que generó la norma impugnada. Choquehuanca tendrá un plazo de 15 días, a partir de la publicación de la resolución, para presentar sus alegatos y defender la constitucionalidad de la disposición.
La decisión del TCP se produce en un contexto de creciente tensión social. Un comité multisectorial había anunciado movilizaciones a partir del 24 de marzo en rechazo a la disposición, argumentando que afectaría a sectores productivos y comerciales. La suspensión temporal de la norma podría atenuar las protestas, aunque el debate sobre su constitucionalidad sigue abierto.
La resolución del TCP tiene implicaciones significativas, ya que limita temporalmente las facultades del Gobierno en materia de decomiso de productos, un tema que ha generado controversia entre autoridades, legisladores y sectores económicos. Se espera que el fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la norma se emita en las próximas semanas, una vez que se escuchen los argumentos de todas las partes involucradas.
Mientras tanto, la suspensión de la disposición adicional séptima sienta un precedente en la interpretación de las facultades del Estado y los derechos de los ciudadanos, en un tema que ha generado un amplio debate público.
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