La Defensoría del Pueblo reveló que el 66% de las estaciones de servicio inspeccionadas en todo el país no cuentan con suficiente combustible, lo que ha generado largas filas y tiempos de espera excesivos para los conductores. Este hallazgo surge de un operativo de verificación realizado entre el 15 y 16 de marzo en 88 estaciones ubicadas en ciudades capitales e intermedias.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, alertó sobre graves fallas en la distribución de diésel y gasolina. “Se ha constatado que el abastecimiento no ha sido oportuno, lo que ha derivado en extensas filas y, en algunos casos, en la imposibilidad de surtir combustible a los vehículos”, señaló.
Resultados del operativo
La inspección abarcó ciudades como La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Oruro, Potosí, Tarija, Trinidad y Cobija. En el caso del diésel, solo el 34% de las estaciones inspeccionadas disponía del combustible, atendiendo entre 10 y 100 vehículos, con tiempos de espera de entre cuatro y más de 24 horas.
Respecto a la gasolina, el 55% de las estaciones reportó filas de más de 100 automóviles, mientras que el 25% registró entre 51 y 100 vehículos en espera. Los tiempos de abastecimiento oscilaron entre una y más de 24 horas, dependiendo de la disponibilidad y la ubicación.
A la escasez de combustible se sumaron problemas en la aplicación móvil “ANH Abastecimiento”, diseñada para informar en tiempo real sobre la disponibilidad de combustibles. Según la Defensoría, la plataforma estuvo inoperativa el 14 y 15 de marzo, lo que dificultó aún más el acceso a información clave para los usuarios.
Exigen medidas urgentes
Ante la crisis, el defensor del Pueblo instó al Gobierno a tomar acciones inmediatas para garantizar el abastecimiento y atender la demanda de la población. “Es imperativo implementar medidas contundentes para resolver esta problemática”, enfatizó Callisaya, quien ratificó el compromiso de la institución en la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones gubernamentales.
La escasez de combustible afecta directamente a la movilidad, el comercio y la logística, generando un impacto negativo en la economía familiar y en sectores productivos. La situación demanda una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades para evitar mayores perjuicios a la población.
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