

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó este domingo la llegada de 238 miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua al país centroamericano. Los detenidos fueron enviados por Estados Unidos y trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad ubicada a 75 kilómetros al sureste de San Salvador. Este traslado forma parte de un acuerdo entre ambos países para combatir a organizaciones criminales transnacionales.
A través de la red social X, Bukele detalló que los integrantes del Tren de Aragua permanecerán en el Cecot por un período inicial de un año, con posibilidad de extensión. «Hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Fueron trasladados de inmediato al Cecot», escribió el mandatario. Esta prisión, construida durante su administración, es un pilar de la estrategia gubernamental contra las pandillas, implementada hace casi tres años.
El Tren de Aragua, considerada una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina, se originó en 2014 dentro de la cárcel venezolana de Tocorón, en el estado de Aragua. Desde entonces, ha expandido sus operaciones a varios países, incluidos Estados Unidos, Colombia, Chile y Perú. La banda está implicada en delitos como homicidios, secuestros, tráfico de drogas, trata de personas y extorsión. En febrero de 2023, el gobierno estadounidense la designó como una organización terrorista global, señalándola como una amenaza para su seguridad nacional.
El traslado de los miembros de esta organización a El Salvador se concretó tras la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a San Salvador el pasado 3 de febrero. Durante su estancia, Rubio destacó la oferta de Bukele para recibir a reclusos enviados por Washington. Este acuerdo fortalece la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado y posiciona a El Salvador como un aliado estratégico en la región.
La llegada de estos criminales al Cecot tiene implicaciones significativas para El Salvador, tanto en términos de seguridad como de política internacional. Refuerza la imagen del gobierno de Bukele como un actor clave en la lucha contra el crimen organizado, pero también plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema penitenciario salvadoreño para manejar a delincuentes de alta peligrosidad provenientes de otros países.
Este acontecimiento marca un hito en la cooperación internacional contra el crimen organizado y resalta el creciente protagonismo de El Salvador en la seguridad regional. Sin embargo, también supone desafíos logísticos y de seguridad que el gobierno deberá afrontar en los próximos meses.
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