

Un puente peatonal en la comunidad Villa Santiago de Chacoma, en el municipio de Viacha, colapsó el pasado 11 de marzo debido al incremento del caudal del río Katari, agravado por las intensas lluvias recientes. La estructura, que conectaba la escuela Elizardo Pérez con la plaza principal de Chacoma, era el principal acceso para los estudiantes de cinco comunidades, generando preocupación entre padres de familia y autoridades locales.
El alcalde de Viacha, Napoleón Yahuasi, atribuyó el desplome del puente a la crecida del río, señalando que el nivel del agua superó lo habitual. A través de las redes sociales del municipio, informó que solicitó al Gobierno central la aprobación de un proyecto de reconstrucción mediante el programa Alianzas Rurales (PAR III), con el compromiso de una contraparte económica por parte del municipio y la comunidad.
No obstante, la gestión de Yahuasi ha sido cuestionada por autoridades originarias y concejales municipales, quienes denuncian demoras en la ejecución de obras y falta de transparencia en el manejo de recursos. La presidenta del Concejo Municipal, Liceth Villagómez, recordó que el municipio destinó 700.000 bolivianos para emergencias por lluvias, pero que la reconstrucción del puente no estaba contemplada en ese presupuesto. Además, criticó que la estructura no haya sido reparada a pesar de su importancia.
Este nuevo incidente se suma a otras controversias en la administración de Yahuasi. En agosto de 2024, una crisis por contaminación minera afectó fuentes de agua de comunidades originarias, donde 15 de 23 empresas recicladoras de minerales operaban sin licencia ambiental, pero con permisos municipales. Además, a finales del año pasado, el Concejo Municipal presentó una denuncia penal contra el alcalde por el presunto desvío de 148.000 bolivianos destinados a una obra de alcantarillado que nunca se ejecutó.
Ante la emergencia, el municipio de Viacha declaró la zona como «desastre natural», medida que podría agilizar la licitación y adjudicación del proyecto de reconstrucción. Mientras tanto, los estudiantes afectados continúan sin poder asistir a clases, lo que ha generado malestar en la población y una creciente demanda de soluciones urgentes.
El colapso del puente expone no solo la vulnerabilidad de la infraestructura local ante los fenómenos naturales, sino también las tensiones políticas y administrativas que dificultan una respuesta efectiva a las necesidades de la comunidad.
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