La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) ha advertido sobre las graves repercusiones económicas que podría generar un reciente fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que la obliga a pagar más de 744 millones de bolivianos a la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa). Según Soboce, la decisión pone en riesgo la estabilidad financiera de la empresa, afecta a más de 200.000 familias vinculadas a su cadena productiva y podría desincentivar la inversión extranjera en Bolivia.
Soboce calificó el fallo como irregular y carente de sustento legal, al basarse en la figura del «daño al proyecto de vida», una categoría jurídica generalmente aplicada en casos de delitos de lesa humanidad y sin precedentes en disputas comerciales entre empresas privadas. La compañía denunció que esta figura fue introducida de manera improcedente por una perito contable, quien habría interpretado erróneamente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para justificar la cuantía de la indemnización.
Ximena Riveros, gerente nacional legal de Soboce, señaló que la decisión refleja una «preocupante parcialidad» del Tribunal Supremo de Justicia. «Este fallo sienta un peligroso precedente que amenaza la seguridad jurídica de las empresas y desincentiva la inversión privada en Bolivia», advirtió.
Un litigio con antecedentes políticos
El conflicto entre Soboce y Fancesa se remonta a 2011, cuando Fancesa acusó a Soboce de «competencia desleal» por haber utilizado acciones de la empresa como garantía para un préstamo bancario. Sin embargo, Soboce sostiene que dichas acciones ya habían sido expropiadas en 2010 y que la demanda carece de fundamento, pues no hubo competencia desleal ni daños demostrables. De hecho, durante el periodo en cuestión, Fancesa alcanzó sus mayores utilidades.
«Las decisiones judiciales en este caso carecen de base legal y mezclan peligrosamente lo judicial con lo político», afirmó Riveros, quien también cuestionó la gestión de Fancesa, calificándola como «ineficiente» y más enfocada en el reparto de cargos que en su sostenibilidad.
La indemnización impuesta compromete la estabilidad de Soboce, que emplea directamente a más de 1.500 trabajadores y sustenta una red de más de 200.000 familias en todo el país, incluyendo mineros de piedra caliza, transportistas, distribuidores y proveedores de servicios. La medida también ha afectado los planes de inversión del Grupo Gloria, empresa matriz de Soboce, que ahora reconsidera sus proyectos en Bolivia ante el clima de incertidumbre jurídica.
Soboce recurrirá a instancias internacionales
Ante este escenario, Soboce reiteró su compromiso con la legalidad y anunció que apelará la decisión en todas las instancias legales, tanto nacionales como internacionales. «Continuaremos luchando hasta que se haga justicia y se garantice la seguridad jurídica de nuestras operaciones», afirmó Riveros.
El caso no solo expone la pugna entre dos de las principales cementeras del país, sino que también reaviva el debate sobre la independencia judicial y la seguridad jurídica en Bolivia, factores clave para la confianza de los inversores y el desarrollo económico nacional.
Author: EnfoqueNews
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