

El Gobierno confirmó que el juicio por el caso “golpe de Estado I” contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, continuará su curso, a pesar de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado por su defensa. El ministro de Justicia, César Siles, aseguró que el proceso no se detendrá hasta la emisión de una sentencia, aunque el TCP aún debe pronunciarse sobre la constitucionalidad del delito de terrorismo, figura bajo la cual Camacho está siendo juzgado.
El juicio se reanudará este lunes con la recepción de pruebas testificales y otras etapas procesales. No obstante, Siles destacó que no podrá dictarse una sentencia definitiva hasta que el TCP emita su fallo. “El proceso continuará hasta el momento de dictarse la sentencia”, declaró el ministro en una entrevista con medios estatales.
El recurso admitido por el TCP cuestiona la constitucionalidad del delito de terrorismo, argumentando que su redacción es ambigua y permite interpretaciones discrecionales que podrían vulnerar principios como la legalidad y la proporcionalidad. Aunque el TCP no tiene la facultad de suspender el juicio, su decisión podría influir en la aplicación de la norma en futuros casos.
Por su parte, el abogado de Camacho, Martín Camacho, anunció que solicitará la suspensión del juicio hasta que el TCP se pronuncie. “Vamos a exigir que el proceso se paralice y se declare un cuarto intermedio hasta la resolución del Tribunal Constitucional”, señaló. Además, consideró poco probable que se dicte una sentencia antes de abril y confió en que, de haber una, sería absolutoria.
El caso “golpe de Estado I” se refiere a los hechos que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019. Camacho y otros implicados, como el excívico de Potosí, Marco Pumari, enfrentan cargos por su presunta participación en esos eventos.
El ministro Siles recordó que, en 2020, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomendó modificar la normativa sobre terrorismo para evitar su uso con fines políticos. Aunque el Ejecutivo presentó un proyecto de ley en esa línea, la Asamblea Legislativa aún no ha avanzado en su tratamiento. Siles subrayó que cualquier modificación solo regirá para futuros casos y no tendrá impacto en el juicio en curso.
Mientras tanto, el proceso judicial sigue su curso, en medio de tensiones políticas y debates sobre la interpretación de las leyes. La decisión del TCP y el desarrollo del juicio serán determinantes para definir el futuro legal de Camacho y las implicaciones de este caso en el sistema judicial boliviano.
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