Pocas veces en la historia del complejo oleoproteico de la soya boliviana se ha visto una situación tan preocupante y dolorosa como la que atravesó este sector en 2024. La drástica caída en la exportación de soya y sus derivados no es un tema menor. Al ser el tercer rubro con mayor generación de divisas para el país, después de los minerales e hidrocarburos, su declive representa un fuerte golpe para la economía. En un momento en que Bolivia necesita dólares con urgencia, la pérdida de casi 700 millones de dólares entre enero y noviembre de 2024 ha significado una presión adicional sobre el tipo de cambio y un impacto severo para los agricultores y toda la cadena productiva.
El factor climático fue la principal causa de esta debacle exportadora de la llamada “reina de las Exportaciones No Tradicionales”. No solo se cumplió el pronóstico de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), que en abril de 2024 anticipó una caída de 800.000 toneladas debido a la sequía, sino que el daño resultó aún mayor. La productividad del cultivo se redujo en un 37%, una disminución que podría haberse mitigado con el uso de semillas genéticamente mejoradas resistentes a la sequía, pero lamentablemente, el pedido no fue atendido a tiempo.
A la adversidad climática se sumaron otros factores que golpearon al sector: bloqueos de caminos prolongados, avasallamientos de predios productivos que generaron incertidumbre en los agricultores, desabastecimiento de diésel que afectó la siembra y cosecha, encarecimiento del dólar, caída del precio internacional de la soya y, como si fuera poco, el veto a la exportación de aceites por más de 10 días. Esta última medida perjudicó no solo a la industria y a los exportadores con compromisos en el exterior, sino que también desalentó la intención de siembra de los productores.
El panorama para 2025 es incierto. La campaña agrícola ya comenzó con dificultades en la siembra de 2024, afectada por la escasez de diésel, el alza en los costos de producción y las lluvias que comprometieron la cosecha. A esto se suma un clima de incertidumbre que desalienta la inversión, un aspecto crucial para la producción y exportación. Además, 2025 será un año electoral cargado de imprevisibilidad, con tensiones dentro del partido de gobierno que podrían derivar en nuevos bloqueos. Estas medidas, lejos de castigar a los actores políticos, terminan perjudicando al inversionista que apuesta por el país, al agricultor que arriesga su capital, al industrial que confía en Bolivia, al transportista que vive del comercio y al exportador que representa al país en el extranjero. En última instancia, el daño recae sobre toda la sociedad.
Sin embargo, no hay que perder la esperanza. De las crisis también se pueden extraer lecciones para mejorar. Ante la delicada situación económica, se espera del Gobierno un verdadero golpe de timón en sus políticas públicas, con un respaldo decidido a un sector estratégico para Bolivia. La soya no solo es clave para la seguridad alimentaria, al contribuir con la autosuficiencia y la contención de la inflación, sino también para la soberanía económica, al generar ingresos por agroexportación y reducir la dependencia del país de otras fuentes de divisas. Garantizar seguridad jurídica y facilitar la producción son pasos imprescindibles. Si el Estado no puede asegurar un suministro regular de diésel subvencionado, al menos debería permitir su importación sin tributos y eliminar su clasificación como sustancia controlada, junto con la gasolina y el etanol. Esta medida evitaría los problemas logísticos y los costos adicionales que desincentivan a los privados en la importación de combustibles, un factor clave para aliviar la carga del Estado.
A pesar de todos estos desafíos, la determinación del productor cruceño sigue firme. Como se dice: “Santa Cruz no se rinde ante la crisis”. Pequeños, medianos y grandes productores, nacionales y extranjeros, enfrentan cada vicisitud con fe y esfuerzo titánico. Si el clima acompaña y las autoridades garantizan el suministro de diésel, se espera alcanzar una producción de 2,5 millones de toneladas de soya en la cosecha de verano. Esto no solo aseguraría el abastecimiento de alimentos para Bolivia, sino que generaría las divisas necesarias para que el país siga funcionando. Una vez más, el Modelo de Desarrollo Cruceño demostraría su capacidad de resiliencia y su aporte fundamental a la economía nacional.
Gary Antonio Rodríguez Álvarez es Economista y Magíster en Comercio Internacional.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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