El expresidente Jorge Tuto Quiroga exigió a Rodrigo Paz terminar con el reparto político de cargos públicos y emplazó al titular de Diputados, Roberto Castro, a convocar una sesión para votar la separación de legisladores señalados por presunto tráfico de influencias en el escándalo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem).
Quiroga cuestionó las presiones atribuidas a los diputados oficialistas Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli para incorporar personal y direccionar contrataciones en instituciones estatales. Calificó las denuncias como “penosas, indignantes y asquerosas” y pidió que las autoridades investiguen los hechos.
El pronunciamiento se produjo después de la difusión de audios relacionados con la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem). En las grabaciones se escuchan supuestas presiones de ambos legisladores a una exfuncionaria para favorecer con cargos públicos a personas recomendadas.
El exmandatario advirtió que el presunto tráfico de influencias requiere la participación de funcionarios del Ejecutivo y parlamentarios. Cuestionó que algunos legisladores utilicen sus cargos para gestionar contrataciones y obtener respaldo político a cambio de puestos y contratos estatales.
Separación de diputados
Quiroga pidió al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, convocar el lunes a una sesión y someter a votación nominal la separación de los legisladores cuestionados.
Los calificó de “reparte pegas” y “desvisados”. Con este último término aludió a parlamentarios sancionados recientemente por Estados Unidos, entre ellos Rafael López, dirigente de una facción de Libre enfrentada al sector afín a Quiroga.
También reclamó al presidente Paz una instrucción expresa para terminar con el uso de cargos públicos como mecanismo de negociación política. Le pidió transparentar las presiones que reciben las autoridades para designar funcionarios.
Protección e investigación
Quiroga defendió a Daniela Quiroga, exdirectora de la Aisem, quien denunció presiones, amenazas y hostigamiento para incorporar personal recomendado y direccionar licitaciones. El expresidente solicitó que reciba protección para continuar con sus denuncias.
La exfuncionaria ratificó sus acusaciones contra Bilbao y Medinaceli por supuestamente intentar imponer personal que no cumplía los perfiles requeridos. Relató que las llamadas de presión se producían con frecuencias variables y que las exigencias terminaron convirtiéndose en imposiciones.
Explicó que rechazó las recomendaciones porque, como responsable de la institución, debía responder por las contrataciones ante eventuales auditorías y procesos judiciales.
Finalmente, Quiroga pidió al fiscal general del Estado, Armando Urioste, investigar las denuncias sin atender intereses políticos y priorizar a la ciudadanía.






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