El fiscal general interino, José Armando Urioste, expuso ocho mecanismos de presunta infiltración del crimen organizado en instituciones estatales, entre ellos la captación de funcionarios, la filtración de operativos, el acceso a sistemas informáticos y la manipulación de controles judiciales y administrativos.
La identificación de estas modalidades surge de las denuncias y los expedientes vinculados con investigaciones por narcotráfico y corrupción que alcanzan a exautoridades judiciales, fiscales y policías. Urioste presentó este diagnóstico el lunes en Trinidad, Beni, durante el foro Justicia en Transición.
El fiscal describió una relación de cooperación entre estructuras criminales y funcionarios públicos que habría comprometido incluso a instituciones encargadas de perseguir delitos. Las ocho modalidades están relacionadas con los casos ROMA y Maletas.
Ocho mecanismos
La primera modalidad corresponde a la captación de autoridades con capacidad de decisión para facilitar protección e impunidad. En esta línea, el exfiscal general Róger Mariaca permanece detenido en Cantumarca, investigado por presuntos vínculos con una red de protección al narcotráfico.
La segunda comprende la posible filtración de información sobre operativos. Se investiga si el entorno de Sebastián Marset conoció anticipadamente el procedimiento policial del que escapó en Santa Cruz, en julio de 2023.
La tercera involucra vulneraciones informáticas: personas externas a la Fiscalía, incluido Marset, habrían accedido al sistema ROMA y consultado información sobre órdenes judiciales.
La cuarta apunta a gestiones de influencia judicial. Aldo Quezada declaró que Rómer Saucedo le solicitó tramitar permisos de viaje para las hijas de Laura Rojas, vinculada al caso Maletas.
La quinta se refiere a fallas en los controles aduaneros, tras la salida sin revisión de 32 maletas llegadas a Viru Viru y el uso de un pasaporte diplomático caducado por Rojas.
Dinero y debilidad institucional
La sexta modalidad comprende el movimiento de dinero y bienes. En la investigación contra Mariaca se reportaron 33 allanamientos, 46 vehículos, cinco inmuebles y el secuestro de más de Bs 5 millones y 407.000 dólares.
La séptima involucra el control de bienes incautados. Vehículos decomisados en operativos contra Marset pasaron al Órgano Judicial y uno fue asignado a Saucedo.
La octava corresponde a debilidades institucionales: falta de capacidad operativa especializada, investigaciones fragmentadas y ausencia de coordinación transversal. El exfiscal superior Martín Irusta, quien ejerció durante la gestión de Mariaca, también permanece detenido.
Ante este escenario, Urioste anunció equipos especializados, rastreo financiero, cooperación y protección de testigos. También defendió los procedimientos abreviados para desarticular organizaciones criminales.
En el caso Maletas, Quezada y el exfiscal Julio César Porras recibieron condenas de tres años mediante esa vía. Ambos fueron nuevamente aprehendidos y trasladados a La Paz por la investigación del caso ROMA.






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