Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia, acusó a Rómer Saucedo de ejercer control sobre jueces, manipular fallos judiciales, ocultar bienes mediante terceros e intervenir en procesos electorales, según su declaración voluntaria del 10 de noviembre en el caso narcomaletas.
Las revelaciones incluyen presuntas operaciones para favorecer a personas investigadas por narcotráfico, modificar la distribución de causas judiciales y alterar candidaturas en procesos electorales. Quezada también mencionó posibles mecanismos de legitimación de ganancias ilícitas mediante propiedades y actividades comerciales registradas a nombre de allegados.
Control judicial
Quezada señaló que Saucedo habría utilizado a su asesor Mauricio Requena para controlar decisiones institucionales y que ninguna determinación se ejecutaba sin su autorización. También identificó propiedades, terrenos y vehículos que supuestamente estaban registrados a nombre de su abogado, familiares y otras personas cercanas.
Entre las presuntas intervenciones judiciales mencionó el caso de Hebert Zeballos. Quezada atribuyó a Saucedo la orden para que el vocal Marcelo Coca concediera su libertad por vencimiento del plazo máximo de detención preventiva.
También relató presiones sobre los vocales Emerson Figueroa y Victoria Vargas por el proceso contra Jorge Roca Suárez, conocido como Techo ‘e Paja. Según su versión, Saucedo ordenó reorganizar las salas judiciales después de que ambos vocales rechazaran una determinación.
El exmagistrado denunció además irregularidades en el sistema informático de distribución de causas. Informes del Tribunal Departamental habrían identificado juzgados con 400 procesos penales durante el primer semestre, frente a otros que recibieron menos de 20.
Injerencia electoral
En materia electoral, Quezada vinculó a Saucedo con un recurso judicial que buscaba excluir de la contienda presidencial a Andrónico Rodríguez. También lo responsabilizó de impulsar acciones para favorecer a su tío en las elecciones municipales de San Ignacio de Velasco.
Según su testimonio, una acción de amparo anuló la sigla ASIP, que encabezaba la competencia electoral en ese municipio. Además, mencionó una supuesta coordinación con el presidente del Tribunal Supremo Electoral.
Quezada identificó una cadena de billares en Santa Cruz como otro posible punto de investigación patrimonial. Aseguró que Saucedo le había manifestado ser socio del negocio, cuyo propietario inicial sería un primo procesado por legitimación de ganancias ilícitas.
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