
El viceministro de Transparencia, Yamil García, denunció presuntos hechos de corrupción en el INE de Potosí y la Caja Nacional de Salud (CNS), con cobros irregulares a funcionarios y un presunto manejo irregular de Bs 95 millones. Anunció acciones penales contra los responsables.
La investigación en el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Potosí identificó movimientos financieros por Bs 580.000 atribuidos a una exadministradora, además de Bs 135.000 vinculados al exencargado departamental.
García explicó que el caso comenzó en junio de 2025, tras una denuncia anónima sobre supuestos cobros de aportes al personal. El rastreo financiero detectó operaciones que no correspondían al perfil económico de ambas exautoridades.
De los Bs 580.000 identificados en las cuentas de la exadministradora, aproximadamente Bs 300.000 procederían de recaudaciones a funcionarios y más de Bs 200.000 de transacciones con proveedores, presuntamente relacionadas con coimas.
La investigación también encontró dos inmuebles y dos cuentas bancarias no declaradas por la exfuncionaria, estas últimas con saldos superiores a Bs 190.000. Uno de los bienes habría sido adquirido en abril de 2025.
En el caso del exencargado, identificado como H.A., se detectaron Bs 135.000 presuntamente recaudados al personal y dos inmuebles no declarados en Villa Copacabana, Potosí.
La denuncia alcanza a ambas exautoridades y a otros dos funcionarios que habrían participado como recaudadores durante un periodo de campaña política.
Desvío en la CNS
El segundo caso involucra más de Bs 95 millones entregados mediante cinco cheques a funcionarios de la Caja Nacional de Salud durante 2023.
El viceministro señaló que la institución habría utilizado fondos en avance para eludir procesos de licitación pública. Esta modalidad permitió evitar la aplicación del Decreto Supremo 181, que exige licitaciones para adquisiciones superiores a Bs 1 millón.
Entre los beneficiarios figura C.C.C., quien recibió dos cheques: uno superior a Bs 40 millones y otro por más de Bs 2 millones, destinados presuntamente a medicamentos e insumos.
La Contraloría General estableció que durante esa gestión no existieron emergencias que justificaran el procedimiento. También determinó que estos recursos debían cubrir únicamente gastos urgentes y menores.
El informe de auditoría de la Contraloría y una revisión interna recomendaron iniciar acciones legales contra los responsables.









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