La Procuraduría General del Estado (PGE) promovió dos acuerdos para destrabar asuntos pendientes en el Complejo Siderúrgico del Mutún, en Santa Cruz, y recuperar la infraestructura del Instituto Gastroenterológico de La Paz. Los compromisos asignan tareas para encaminar la operación industrial y reparar los daños causados por un deslizamiento.
El entendimiento sobre el Mutún fue suscrito por la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y la compañía china Sinosteel Equipment & Engineering, con el acompañamiento de la PGE y el Ministerio de Minería y Metalurgia. El documento fija una hoja de trabajo para resolver diferencias contractuales, aunque no establece una fecha para comenzar la producción de acero.
El proyecto, ubicado en Puerto Suárez, fue adjudicado a Sinosteel en 2016 mediante un contrato llave en mano, con una inversión aproximada de 400 millones de dólares. La planta fue entregada en octubre de 2025 y, en junio, la ESM anunció reuniones con Sinosteel y CISDI para revisar más de 300 observaciones a la obra.
Mutún: acuerdos para operar
La resolución de los asuntos pendientes busca encaminar el funcionamiento del complejo y avanzar hacia la consolidación de la industria siderúrgica nacional, con el propósito de reducir la dependencia de las importaciones de acero.
El acuerdo no precisa plazos para alcanzar ese objetivo ni confirma el inicio de las operaciones comerciales.
Reparación del hospital
En el ámbito sanitario, la PGE, el Ministerio de Defensa, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) y la constructora española Makiber firmaron un acta para atender los daños en el Instituto Gastroenterológico.
Makiber asumió la reparación de la infraestructura hospitalaria, mientras que Defensa deberá ejecutar la estabilización definitiva del talud que colapsó en noviembre de 2024. El deslizamiento afectó áreas exteriores e interiores del establecimiento.
El caso también comprende investigaciones por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto, un supuesto daño económico superior a 700 millones de bolivianos y al menos 15 personas investigadas.
Los dos entendimientos distribuyen responsabilidades para atender problemas pendientes en obras públicas estratégicas, tanto en la puesta en marcha del complejo siderúrgico como en la recuperación de las condiciones de seguridad del hospital.
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