El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, presentó una querella penal contra 19 personas, incluidos cuatro exministros, por presuntas irregularidades en el proyecto de radares SIDACTA, cuyo desarrollo habría ocasionado un daño económico al Estado superior a Bs 1.478 millones, según una auditoría interna.
La denuncia alcanza a exautoridades, antiguos funcionarios y representantes de la empresa contratista del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo. La investigación busca establecer posibles responsabilidades en la contratación y ejecución de un proyecto adjudicado en 2016 por más de 191 millones de euros.
Los delitos denunciados son contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. La Procuraduría General del Estado coordinó la acción con Defensa y el Viceministerio de Transparencia.
Exministros denunciados
Los exministros incluidos en la querella son Reymi Ferreira Justiniano, Javier Zavaleta López, Luis Fernando López Julio y Edmundo Novillo Aguilar. Sus intervenciones contractuales abarcaron desde la firma del acuerdo original hasta sus siete modificaciones.
Ferreira firmó el contrato inicial y las dos primeras modificaciones; Zavaleta suscribió la tercera y cuarta, López la quinta y Novillo las dos últimas. Justiniano precisó que la investigación deberá determinar la responsabilidad individual de cada involucrado, sin considerar el ejercicio de un cargo público como prueba de culpabilidad.
Fallas en los radares
El proyecto contemplaba 13 radares civiles y militares, centros de control, comunicaciones, infraestructura, programas informáticos, capacitación y transferencia tecnológica. El plazo inicial de 31 meses se amplió a 82 mediante siete modificaciones, mientras que las pruebas y la demostración final se realizaron aproximadamente 98 meses después.
Los informes técnicos detectaron observaciones en 11 radares: nueve operaban con deficiencias señaladas y dos estaban fuera de servicio. Solo dos funcionaban sin observaciones, pese a que el proyecto registraba un avance físico del 100% y una ejecución financiera del 97,85%.
Defensa y la Procuraduría también solicitarán investigar el presunto perjuicio y aplicar medidas de anotación de bienes para facilitar una eventual recuperación de fondos públicos, si corresponde. La determinación de responsabilidades penales quedará en manos del Ministerio Público y de las autoridades judiciales.
Justiniano señaló que el proceso busca establecer los montos desembolsados, los bienes y servicios recibidos y las obligaciones pendientes, sin anticipar conclusiones sobre la culpabilidad de los denunciados.






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