La vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ximena Camacho Goyzueta, alertó sobre 39 renuncias de mujeres que ejercían funciones político-públicas y 12 denuncias por acoso y violencia política registradas entre mayo y la primera semana de septiembre de 2026. Las cifras reabren el debate sobre las garantías para una participación política femenina libre de violencia.
Los datos corresponden al periodo posterior a la posesión de las nuevas autoridades departamentales y municipales, el 4 de mayo. Para Camacho, estos registros muestran que la paridad electoral debe traducirse en condiciones efectivas para que las mujeres permanezcan en sus cargos y ejerzan sus responsabilidades con autonomía.
Santa Cruz concentra más renuncias
Santa Cruz registró 11 renuncias de mujeres y tres denuncias por acoso y violencia política, mientras Tarija contabilizó siete renuncias y una denuncia. Cochabamba reportó cinco renuncias sin denuncias, y Oruro, cinco renuncias y una denuncia.
La Paz registró seis denuncias y tres renuncias, la mayor cantidad de denuncias entre los departamentos. Potosí reportó dos renuncias y una denuncia, mientras Beni y Pando contabilizaron tres renuncias cada uno, sin denuncias.
En Chuquisaca no se reportaron renuncias ni denuncias durante el periodo analizado. La información fue recopilada por las Secretarías de Cámara de los nueve tribunales electorales departamentales.
El TSE pide fortalecer la protección política
Camacho recordó que Bolivia cuenta con normas para prevenir y sancionar el acoso y la violencia política contra las mujeres. Sin embargo, advirtió que la aplicación efectiva de estas disposiciones sigue siendo un desafío para las instituciones competentes.
Entre las medidas necesarias, planteó fortalecer la prevención, la protección y el acceso a la justicia, además de promover cambios dentro de las organizaciones políticas y mejorar los sistemas de registro y seguimiento de los casos.
En el Día de la Mujer Boliviana, que rinde homenaje a la escritora y educadora Adela Zamudio, la vicepresidenta del TSE pidió el compromiso del Estado, las organizaciones políticas y la sociedad para eliminar las prácticas discriminatorias.
La autoridad remarcó que la democracia paritaria no debe medirse únicamente por la cantidad de mujeres elegidas, sino también por las garantías para ejercer sus funciones sin acoso, hostigamiento ni violencia.






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