La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) presentó ante la Comunidad Andina un reclamo contra Bolivia por presunto trato discriminatorio y vulneración de la seguridad jurídica. La empresa también pidió frenar el cobro de más de Bs 744 millones a favor de Fancesa.
El reclamo fue presentado ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA) y cuestiona actuaciones de la justicia boliviana en un proceso que, según Soboce, acumuló irregularidades durante más de una década.
La empresa sostiene que las decisiones judiciales desconocieron derechos protegidos por la Decisión 291, normativa que regula el trato a los inversionistas subregionales dentro de la Comunidad Andina.
Reclamo
Hugo Gómez, ex presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y asesor internacional de Soboce, señaló que la justicia boliviana habría incumplido el principio de trato nacional establecido en la normativa comunitaria.
También cuestionó que los tribunales bolivianos no solicitaran una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina antes de emitir la condena.
Gómez observó además el Auto Supremo 1190/2026, porque otorgaría a Fancesa prerrogativas que, según su interpretación, corresponden exclusivamente al Estado.
Entre ellas mencionó la imprescriptibilidad de créditos y la inembargabilidad de bienes. A su criterio, esas medidas afectan las condiciones de igualdad que establece la Decisión 291.
Cobro
Soboce solicitó suspender la ejecución de la sentencia mientras el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina analiza el caso. La condena contempla una cobranza superior a Bs 744 millones a favor de Fancesa.
Ricardo Barrientos, gerente Nacional de Administración y Finanzas de Soboce, sostuvo que el conflicto tiene su origen en una deuda que el Estado mantiene con la empresa desde hace 16 años.
El ejecutivo rechazó que la controversia surgiera por competencia desleal y cuestionó el desarrollo del proceso judicial. Mencionó recursos que no habrían sido tramitados y resoluciones que, según afirmó, no fueron notificadas correctamente.
Barrientos advirtió que un trato judicial desigual hacia empresas de capitales bolivianos puede afectar la imagen del país ante potenciales inversores internacionales.
Soboce anunció que continuará utilizando las vías nacionales e internacionales disponibles para defender sus derechos y buscar que el proceso sea revisado.





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