La disputa por la explotación de hidrocarburos en Malvinas sumó un nuevo capítulo luego de que Argentina defendiera su decisión de recurrir a un arbitraje internacional para frenar un proyecto petrolero en el archipiélago, mientras el Reino Unido rechazó la medida y la consideró un intento de afectar la actividad económica de las islas.
La controversia se intensificó después de que el gobierno de Javier Milei ratificara su intención de avanzar por la vía prevista en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La cancillería argentina respondió así a las críticas británicas y argumentó que la iniciativa busca resguardar los derechos del país sobre los recursos naturales vinculados al archipiélago.
Buenos Aires también cuestionó la postura de Londres respecto a la interpretación de la normativa internacional y rechazó que el recurso al arbitraje pueda ser considerado una acción destinada a perjudicar derechos de terceros.
Arbitraje por la explotación petrolera en Malvinas
El martes, Argentina otorgó un plazo de dos semanas al Reino Unido para detener el desarrollo de un proyecto petrolero en aguas de Malvinas. En caso contrario, anunció que impulsará un arbitraje internacional para intentar resolver la controversia.
El emprendimiento corresponde al yacimiento Sea Lion, desarrollado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited con autorización de las autoridades de las islas bajo administración británica.
La reacción británica llegó a través de Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado. La funcionaria informó que Londres transmitió a la embajadora argentina Mariana Plaza su rechazo a cualquier intento de obstaculizar actividades económicas que considera legales en el archipiélago.
Londres cuestiona la postura argentina
Kumaran expresó que las acciones argentinas buscan afectar la prosperidad y la seguridad económica de la población isleña. También manifestó dudas sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido.
La funcionaria defendió que las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de Malvinas se desarrollan bajo la legislación local y en conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención sobre el Derecho del Mar.
La tensión bilateral aumentó en septiembre, cuando Milei presentó un proyecto para sancionar a empresas petroleras que operen en Malvinas y anunció la instalación de una base naval en Tierra del Fuego. Ese mismo mes, una jueza federal argentina ordenó suspender el proyecto Sea Lion. La disputa se produce en un territorio cuya soberanía enfrentó a ambos países en la guerra de 1982 y cuyos habitantes respaldaron en 2013 su continuidad como territorio británico de ultramar.
(Con información de agencias)





Sé el primero en dejar un comentario