Miles de personas participaron este 15 de septiembre en una movilización en Tegucigalpa para reclamar soberanía, justicia y cambios políticos en Honduras. La protesta, impulsada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), coincidió con los actos por el Día de la Independencia y sumó críticas al Gobierno de Nasry Asfura.
Los manifestantes recorrieron la capital con pancartas que cuestionaban la situación política del país y rechazaban iniciativas vinculadas a privatizaciones, enclaves económicos y las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Entre las demandas también figuró la renuncia del mandatario.
Durante la jornada, la dirigencia de Libre vinculó el debate sobre la independencia nacional con problemas sociales y económicos. Rixi Moncada planteó cuestionamientos sobre los desalojos que afectan a pueblos originarios, el costo de productos básicos y combustibles, así como la situación de los migrantes hondureños en Estados Unidos.
Protestas amplían reclamos contra el Gobierno
La movilización se produjo pocos días después de otra marcha realizada el 12 de septiembre en Tegucigalpa. En aquella ocasión, miles de ciudadanos avanzaron desde la colonia Kennedy hasta la sede presidencial para expresar su rechazo a las políticas gubernamentales.
Entre las exigencias destacaron la regulación de los precios de los combustibles, observaciones a la gestión energética y críticas a medidas que, según los participantes, afectan a comunidades campesinas e indígenas.
Los sectores movilizados también denunciaron la legitimidad del Ejecutivo y atribuyeron su llegada al poder a una supuesta injerencia externa y a irregularidades electorales. Además, señalaron la participación de operadores digitales y cuestionaron decisiones políticas relacionadas con el expresidente Juan Orlando Hernández.
Organizaciones indígenas
Las protestas forman parte de una serie de acciones desarrolladas durante los últimos meses. En julio, organizaciones de la Alianza Campesina, Indígena y Popular y representantes del pueblo garífuna realizaron bloqueos y plantones en distintos puntos estratégicos del país.
Más de 70 agrupaciones participaron en esas medidas para denunciar el incremento de conflictos territoriales y advertir sobre normas aprobadas por el Congreso Nacional. Entre ellas mencionaron los decretos 84-2026 y 107-2026, que, a juicio de los movimientos sociales, facilitan procesos de persecución contra defensores ambientales y fortalecen la protección de tierras destinadas a proyectos agroindustriales, energéticos y turísticos.





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